unca ha sido frecuente denunciar por vía legal a los impartidores de justicia en México, sean jueces, magistrados o funcionarios administrativos de menor rango. Aun cuando el organismo encargado de velar por la transparencia del sistema judicial – el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)– ha definido y formulado mecanismos relativamente sencillos para hacerlo, las acusaciones contra esos servidores públicos casi siempre suelen tener carácter extraoficial. Instituciones o personas denunciantes prefieren atribuir, generalmente mediante los medios o de manera verbal, conductas irregulares, faltas administrativas o directamente delitos a funcionarios de dicho sistema, que pasan así a ser públicamente cuestionados sin que ninguna gestión procesal avale el cuestionamiento. Ello equivale a una campaña pública de descrédito (cierta o no) que no tiene ningún peso legal: los incriminados pueden ser culpables o inocentes, pero no hay ninguna disposición que los sancione, o en su caso los absuelva. En otras palabras, la justicia, para bien o para mal brilla por su ausencia.

El dato según el cual, entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, el propio CJF habría levantado nueve denuncias penales contra igual número de funcionarios del Poder Judicial sin que ninguna de ellas derivara en una petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se ejercitara acción penal contra ningún juez o magistrado, da lugar a una inquietante duda.

La afirmación de que la FGR no hizo ninguna petición provino de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura; sin embargo, en un comunicado, la Dirección General de Comunicación Social del CJF (esto es, la misma institución) admitió haberse negado a separar del cargo a dos magistrados, como lo habría solicitado en noviembre pasado la entonces flamante FGR. Entonces, o bien las denuncias no recibieron atención (versión Asuntos Jurídicos) o bien el Consejo desoyó el pedido de la Fiscalía General de la República (versión de Comunicación Social).

Si ninguno de los nueve denunciados fungiera como magistrado ni como juez, las dos versiones podrían ser compatibles; pero ya se vio que una de las áreas del CJF reconoce, de manera explícita, que hay un par de magistrados que debieron ser separados de su cargo y no lo fueron. Persisten, pues, los dos escenarios y ninguno de los dos resulta alentador.

En paralelo, no ha trascendido la función que desempeñan los imputados, pero sí los presuntos cargos de que se les acusa. Y no se trata precisamente de infracciones menores: amenazas, robo, usurpación de profesión, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y hostigamiento sexual.

La claridad en el funcionamiento del Poder Judicial, cuya función primordial es impartir la justicia que tanta falta hace en México que no sólo es un reclamo ciudadano y un propósito de gobierno; es, en esencia, una necesidad impostergable para la República. Es de esperar que el embrollado episodio aquí reseñado se explique prontamente, y en especial que el conjunto de los organismos que integran dicho poder cumplan a cabalidad con su vital función.