a presidencia de Andrés Manuel López Obrador está bajo ataque concurrente desde flancos nacionales e internacionales. Donald Trump ha encabezado el lance más impactante y desquiciante de la temporada al convertir en guillotina política, con pretensiones de larga duración, el amago de imponer aranceles a productos mexicanos.

Tal posicionamiento pretende obligar a México no sólo a construir un muro militar en el sur del país o a aceptar la denigrante condición de tercer país seguro, sino, yendo más allá de lo evidente, a condicionar a la aprobación trumpista, por el resto del gobierno de López Obrador, todo proyecto o acción de reformismo más o menos profundo: es la superposición del poder de los mercados y de los centros de control económico global al poder electoral que dotó a México de una razonable expectativa de transformaciones no revolucionarias, pero sí urgentes para el propio sistema político y económico vigente, que ha hundido al país en una situación desastrosa.

Con un grotesco y tramposo quiebre de cintura en la cancha de los aranceles y la migración, el impresentable Donald Trump ha descoyuntado la defensa y ha retraído el ataque en el obradorismo. Convertido en jugador fenómeno (ante el bajo nivel competitivo del resto del equipo morenista), un hombre educado en el sistema político ortodoxo, Marcelo Ebrard, ha salvado la portería tricolor y ha llevado el juego México-Estados Unidos a peculiares tiempos extras: dos de 45 días cada cual, con tiempo apenas entre ambos para revisar resultados y estrategias y seguir atados a la angustiante caída de hojas de un calendario implacable.

En esos lapsos, el director técnico de origen tabasqueño, AMLO, intentará recomponer su defensa sureña a partir de la instalación de uniformes verde olivo e intentar jugadas de fantasía en la delantera enfilada hacia planes de desarrollo (y liderazgo) en Centroamérica.

Pero el golpe electoral de Trump ha servido también para potenciar y destrabar circunstancias adversas al mencionado López Obrador. Cuando menos pueden detectarse las siguientes piezas aparecidas en el rompecabezas: un sostenido incremento de la violencia pública, sin visos de que políticos y servidores públicos atinen a frenarla; resoluciones judiciales que entrampan proyectos estratégicos del obradorismo y pretenden mostrarlo vulnerable; y una acometida de opositores a causa de las trabas, tardanzas o retrocesos que a la vida institucional están causando las restricciones presupuestales de la autodenominada 4T.

La violencia pública está desatada en todo el país. En fechas recientes se han producido tragedias que no pueden ser desligadas de la responsabilidad política de morenistas que gobiernan. En la Ciudad de México, el asesinato del joven estudiante Norberto Ronquillo. En Veracruz, el secuestro del periodista Marcos Miranda Cogco. En Tabasco, la ejecución de la periodista Norma Sarabia, corresponsal en Huimanguillo del diario Tabasco Hoy. Y, apenas un día atrás, el activista ambiental José Luis Álvarez Flores, defensor del mono saraguato y luchador contra la extracción ilegal de arena en una región en la que colinda el estado tabasqueño con Chiapas.

En el ámbito judicial destacan las resoluciones relacionadas con Santa Lucía y Texcoco. El colectivo denominado #NoMásDerroches consiguió que en ambos casos se establecieran condiciones restrictivas para el gobierno federal que le impedirán avanzar en el nuevo proyecto de aeropuerto civil en terrenos militares e igualmente frenan la inhabilitación inundatoria del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que así vuelve a ser colocado en los carriles de cierta viabilidad por los opositores al obradorismo.

A ese cuadro se suman las protestas y la desesperación ante consecuencias sociales negativas de las restricciones presupuestales impuestas por el gobierno federal. Ataques y reacciones políticas desde diversos flancos, tratando de doblegar o condicionar a un Presidente que ha conservado fuerza y popularidad.

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