Chilpancingo, Gro., Campesinos de los municipios de Iguala, San Miguel Totolapan y Taxco protestaron la mañana de ayer en demanda de la entrega de fertilizantes. Labriegos del Consejo de Comisarios Ejidales de Iguala bloquearon la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a la altura del Rancho del Cura y unos 700 pobladores de comunidades de la sierra de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, mantienen ocupada la alcaldía apoyados por el edil perredista Juan Mendoza Acosta, a fin de exigir fertilizantes al gobierno federal. Los inconformes dieron 24 horas a Pablo Amílcar Sandoval, delegado federal en Guerrero, para que acuda a San Miguel Totolapan a dar respuesta o de lo contrario bloquearán más carreteras e impedirán la distribución de agroquímicos.

Querétaro, Qro., El Congreso local reformó ayer por unanimidad el Código Penal de la entidad para castigar hasta con seis años de prisión a quien obtenga y divulgue imágenes íntimas del cuerpo de una persona sin su consentimiento. La iniciativa fue propuesta por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y discutida por académicos, empresarios y legisladores. La diputada local Verónica Hernández Flores, presidenta de la comisión referida, dijo que el Poder Legislativo debe dar herramientas a las instituciones para castigar a quienes hagan mal uso de las nuevas tecnologías y dañen la integridad moral de las personas.

Cuernavaca, Mor., Unos 20 maestros que fueron cesados en 2016 por no presentarse a la evaluación prevista en la reforma educativa impulsada en 2013 por el ex presidente Enrique Peña Nieto fueron reinstalados, informó Alejandro Trujillo González, vocero del Movimiento Magisterial de Bases.

San Luis, Potosí, SLP., El ayuntamiento de esta capital, que encabeza el panista Francisco Xavier Nava Palacios, denunció ante la Fiscalía General del Estado al ex alcalde perredista Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018), así como a los integrantes de su cabildo, por el cambio de uso de suelo de la reserva natural protegida Camino a la Presa, en desacato a una resolución del Poder Judicial de la Federación, que ordenó reparar el daño. El cambio de uso de suelo permitiría la construcción de edificios, lo que violaría el decreto estatal de reserva natural protegida emitido en 1996. El abogado del gobierno capitalino, Jorge Chessal Palau, advirtió que el ex edil y sus colaboradores enfrentarían sentencias hasta de nueve años de cárcel.