arlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó ayer su sorpresa por la cancelación de licitaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos anunciada el día 13 por la Secretaría de Energía. El dirigente ilustró su desconcierto con el hecho de que el mismo día en que se dio a conocer el retiro de los concursos, el organismo que agrupa a la cúpula de la iniciativa privada firmó un convenio con el gobierno federal, por el cual las 60 mayores empresas del país se comprometieron a invertir 623 mil millones de pesos, y las autoridades a generar el ambiente de confianza propicio para ello.

Según Salazar Lomelín, quien ha mantenido un trato relativamente cordial con la actual administración federal, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, le habría transmitido que comparte el desconcierto ante la decisión avalada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y que buscaría reunirse con el Presidente de la República para aclarar la situación.

Por lo que puede verse hasta ahora, el de-sencuentro deriva de un malentendido sobre el cambio de paradigma en curso en el sector energético nacional, cuyo control busca retomar el Estado para hacerlo de nuevo la palanca de desarrollo que fue durante la mayor parte del siglo pasado. Este viraje implica no sólo recuperar la soberanía energética al reducir la importación de gasolinas y crudo, sino también recuperar la renta petrolera a la que el Estado renunció a consecuencia de la reforma energética puesta en marcha en el anterior sexenio; una reforma que, cabe recordar, no fue diseñada para resolver los graves rezagos que arrastraban Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino para crear oportunidades de negocios a capitales privados.

A esta misma lógica responden las evaluaciones negativas otorgadas por las empresas calificadoras globales –Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s– a la deuda de Pemex en un contexto en que el gobierno emprende una capitalización sin precedente de la entidad. Como los empresarios mexicanos, el sector financiero global parece estar analizando esta operación con la lógica de un paradigma para el que el rescate de la industria petrolera pasa necesariamente por incrementar la participación en ella de inversiones privadas y por considerar a la empresa productiva del Estado como un competidor más –si bien sujeto a reglas asimétricas para reducir su preponderancia–; en suma, se juzga desde la perspectiva de un modelo incompatible con el proyecto económico y político que en julio del año pasado recibió un respaldo masivo en las urnas.

Por otra parte, el convenio suscrito el 13 de junio entre la cúpula empresarial y el gobierno refiere compromisos generales de inversión, para los cuales no se ha cerrado la puerta. Incluso en el sector energético, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que en las próximas semanas presentará un proyecto que implica a Pemex, la CFE y el sector privado, el cual contempla asociaciones que van desde la contratación de servicios hasta las de cuasi capital, por lo que la cancelación de una ronda de licitaciones no puede presentarse como un incumplimiento de lo firmado.

Dicho lo anterior, debe remarcarse que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha planteado en ningún momento prescindir de la inversión privada, camino que sería a todas luces un disparate en tanto este actor económico es un pilar indispensable para alcanzar las metas de crecimiento planteadas por el titular del Ejecutivo. Debe señalarse, asimismo, que a las autoridades les queda mucho por avanzar en la definición y explicación del papel que el nuevo paradigma de desarrollo asigna a la iniciativa y las inversiones privadas tanto en la economía en general como, de manera muy destacada, en el sector energético.

Si es evidente que la mera percepción de que se busca marginar al sector empresarial resulta riesgosa e indeseable para el declarado propósito de mejorar las condiciones de vida de la población, está claro que definir y comunicar con precisión el lugar y el papel de la iniciativa privada debe ubicarse entre las prioridades de la administración federal. El malentendido en torno a la política energética deja igualmente claro que esa definición transita por el establecimiento de un diálogo franco y permanente entre autoridades y representantes empresariales.