gnès Callamard, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó ayer su informe sobre la investigación de seis meses que realizó en torno al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. De acuerdo con la experta independiente, no sólo hay pruebas suficientes para responsabilizar al gobierno saudiárabe, sino incluso para señalar directamente al heredero de dicha monarquía, el príncipe Mohamed Bin Salmán. En noviembre pasado trascendió que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) comparte la impresión de que Bin Salmán ordenó el atentado.

Cabe recordar que Khashoggi fue asesinado el pasado 2 de octubre cuando realizaba una visita al consulado de su país en Estambul, en lo que hoy se sabe fue una trampa urdida por el régimen saudita para deshacerse del comunicador. Los hechos no fueron conocidos sino días después debido a que Riad trató de ocultar su responsabilidad en la muerte de Khas-hoggi, en un principio negando cualquier conocimiento acerca de su paradero, y después, cuando Ankara presentó videos que probaban la presencia del periodista en la sede diplomática, intentó presentar el homicidio como resultado de una pelea entre la víctima y funcionarios del recinto.

Ante el cúmulo de pruebas presentadas, resulta inaudito que la monarquía árabe pueda actuar con tal nivel de impunidad y cometer este género de barbaridades dentro de sus propias legaciones diplomáticas. Como señala Callamard, las sanciones impuestas hasta ahora a Riad son a todas luces insuficientes y evaden la toma de acciones directas contra la cadena de mando, en cuya cúspide se encuentra el autor intelectual del crimen, el príncipe Bin Salmán.

Para colmo, en enero pasado el fiscal designado por el régimen saudita para investigar los hechos pidió la pena de muerte contra cinco de los 11 acusados, sin que hasta ahora se fije una fecha para su próxima vista judicial. De concretarse la sentencia, a la barbarie contra Khashoggi se sumaría la que supone aplicar la pena máxima contra cinco personas que, por la opacidad con que se maneja el reino petrolero, podrían carecer de cualquier responsabilidad en el caso.

A menos que la comunidad internacional, y en particular las naciones occidentales que suelen arrogarse el papel de policía global, establezcan fuertes sanciones contra Arabia Saudita y su familia gobernante, quedará sentado el nefasto precedente de que cualquier país puede matar a alguien en sus legaciones diplomáticas sin sufrir consecuencia alguna.