Al no recibir respuesta alguna por parte del gobierno federal y ante el inminente riesgo en que está su integridad y la de su familia, Alejandro NN, sobreviviente de la llamada masacre de Apatzingán, se manifestó por segunda ocasión en la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir que se cumplan las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en su favor hace cuatro años.

Once días después de su primera protesta, el joven –quien recibió seis impactos con arma de fuego tras el ataque de policías federales y militares a un grupo de civiles desarmados que realizaban un plantón frente al palacio municipal de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015– regresó ayer al Palacio de Cobián para exigir acceso a la averiguación previa del caso, protección integral para él y su familia –que se refugian en la Ciudad de México– y atención médica y sicológica.

Denunció que a finales de 2017 desconocidos lo secuestraron y por tres días fue torturado, pero debido a un descuido de sus captores pudo escapar. Después de eso huyó a Estados Unidos, donde solicitó asilo, pero como la respuesta a su trámite se prolongó más de lo que esperaba, decidió regresar a México. Aunado a ello, dijo, hace unas semanas su hermano también fue secuestrado, torturado y amenazado. No quieren que sigamos hablando de aquel día, de esos abusos cometidos por policías y militares; nos quieren callar, dijo en entrevista.

Ante la falta de atención a su caso por parte de los funcionarios federales, responsabilizó de cualquier atentado contra él o su familia particularmente al titular de la Unidad de Derechos Humanos de la SG, Aarón Mastache, y a la directora general de Políticas Públicas del Programa Nacional de Derechos Humanos de esa dependencia, Rosalinda Salinas.