Mexicali, BC., Los representantes ciudadanos del Sistema Anticorrupción de Baja California promovieron ante el Poder Judicial de la Federación un juicio de amparo contra la asignación del auditor superior del estado, por el Congreso local, realizado el pasado 8 de julio, durante la sesión en la que se amplió el periodo constitucional de gobierno a Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

En la opinión pública y las redes sociales se aseguró que se trató de una moneda de cambio, pues el auditor será el encargado de fiscalizar las últimas tres cuentas públicas del gobernador panista Francisco Vega y la gestión del morenista Jaime Bonilla, pues su cargo está vigente hasta 2026.

El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del organismo advirtió que desde la convocatoria se detectaron vicios en las fechas y requisitos que se redimensionaron cuando los legisladores violentaron la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la propia Constitución, pues para esos nombramientos se requiere la participación directa de los ciudadanos en la evaluación para postular a los perfiles idóneos.

El presidente del CPC, Francisco Fiorentini, señaló que los actos reclamados son la designación del Auditor Superior del Estado de Baja California mediante un procedimiento contrario a la Constitución Política del Estado.

El procedimiento representa una violación constitucional y a la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California porque debieron instalar una Comisión Especial de Evaluación, integrado por cuatro ciudadanos y tres diputados, para revisar el perfil de los aspirantes y evaluar conocimientos, currícula e ideoneidad para el puesto, pero ni siquiera nos hicieron llegar los expedientes, señaló Fiorentini, quien junto con el consejero Edgardo Silva, expuso que el propósito del juicio de amparo es que el Congreso local reponga el procedimiento para designar al auditor del estado.

Silva Rivera explicó que debido a las irregularidades e ilegalidades de los diputados es necesario iniciar de cero el procedimiento de selección, de frente a los ciudadanos, porque se trata de poner un freno a la corrupción y la impunidad.

El auditor superior, dijo, se debe revisar y fiscalizar el uso y destino de los recursos financieros y materiales de los poderes públicos de la entidad, los ayuntamientos, los organismos paraestatales y los autónomos. No sabemos si fue moneda de cambio la entrega de cargos y la ampliación del periodo de gobierno, lo cierto es que no somos ni seremos comparsas, acotó Fiorentini.