Mediante un juicio de amparo el general Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, busca frenar su detención y para ello interpuso un recurso de queja contra un juzgado federal que no le aceptó el desahogo de pruebas con las que pretende desacreditar las imputaciones que la formalizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y Pemex.

El juzgado cuarto de distrito en materia de amparo con sede en el estado de México determinó turnar el expediente de amparo a un tribunal para que determine si es procedente o no que se acepten y desahoguen la realización de peritajes y testimoniales presentadas –fuera de tiempo– por parte de la defensa del militar, quien ha sido señalado por la FGR como el líder de un grupo delictivo que desde su posición en Pemex benefició a los grupos dedicados al robo de combustible en ductos.

En la resolución judicial se menciona que León Trauwitz ya tiene conocimiento pleno de la carpeta de investigación y de las dos solicitudes de orden de aprehensión que realizó el Ministerio Público Federal en su contra y de un grupo de militares que ocuparon posiciones en distintas áreas de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, y que llevaban a cabo inhabilitaciones de tomas clandestinas pero que de acuerdo con las autoridades, los trabajos realizados permitían la reutilización de esas conexiones.

De acuerdo con la resolución judicial dada a conocer, los abogados de Trauwitz ofrecieron como pruebas para tratar de obtener la protección de la justicia federal en contra de la orden de captura, una copia certificada de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIARV-CDMX/0000028/2019, en la que se le señala como presunto responsable de haber llevado a cabo acciones que beneficiaron a los grupos de huachicoleros que operan en los estados de Veracruz, Puebla, México, la capital del país, Tamaulipas y Nuevo León, lo que causó un daño patrimonial a Pemex por la sustracción ilegal de más de 12 millones de barriles de petróleo entre enero de 2016 y agosto de 2017.

Asimismo, solicitó al juzgado que se ubica en territorio mexiquense que lleve a cabo una prueba pericial en materia de ingeniería, pero el órgano jurisdiccional le respondió: no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que a la fecha prescribió el plazo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo.