olotli Fuentes Sánchez, directora de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dio a conocer ayer una serie de cifras que permiten dimensionar el desafío al que se enfrenta el Estado mexicano en la materia: mientras en 2013 se recibieron apenas mil 296 solicitudes de refugio, durante 2018 se alcanzaron 29 mil 604 peticiones; es decir, en cinco años se registró un aumento exponencial superior a 2 mil 200 por ciento. Asimismo, la funcionaria señaló que este incremento sostenido es anterior al inicio de las denominadas caravanas migrantes, las cuales no lo causaron, sino que permitieron su visibilización.

Los números mencionados –detrás de cada uno de los cuales hay un ser humano en busca de mejorar sus condiciones de vida o ponerse a salvo de la violencia– palidecen frente a las 39 mil 983 solicitudes recibidas sólo en los primeros siete meses del presente año. La situación se explica, ante todo, por el deterioro económico, político y social vivido en los países de origen de los solicitantes de refugio, una parte sustancial de los cuales proviene del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

El visible deterioro en el Triángulo Norte, que tiene sus aristas más preocupantes en la pobreza y la inseguridad, contrasta con la grotesca insistencia del gobierno de Donald Trump en presionar a Guatemala para que se declare tercer país seguro, estatus que exigiría a esta nación proveer refugio a quienes la atraviesan con el propósito de llegar a Estados Unidos.

Las presiones de la administración republicana, redobladas desde ayer con la presencia en ciudad de Guatemala de Mauricio Claver-Carone, asistente especial de Donald Trump y director sénior para asuntos hemisféricos de Occidente, resultan notoriamente inviables, toda vez que los mismos factores que empujan a salvadoreños y hondureños fuera de sus lugares de origen están presentes en la sociedad guatemalteca.

Está claro que, en este contexto, forzarlos a permanecer en Guatemala significa dejarlos desamparados en una nación que carece de los recursos para atender a la población refugiada e incluso a sus propios habitantes.

La actitud del magnate estadunidense contrasta con la desplegada por México, donde las medidas para evitar que los migrantes avancen hacia Estados Unidos tienen su contraparte en la voluntad oficial para refugiar y asimilar a quienes quieren permanecer en el país. Se trata, además, de una diferencia muy importante con respecto al papel tradicionalmente jugado por México en los flujos migratorios, pues habla no de una situación de tránsito frustrado, sino de la existencia de una determinación de venir aquí por parte de la población buscadora de refugio.

Lejos de contribuir a una solución auténtica, las presiones de Trump pueden traducirse en un incremento del flujo humano hacia México si Guatemala se ve desbordada por el esfuerzo de contener a hondureños y salvadoreños. Para evitar que los esfuerzos emprendidos en México se vean minados por un nuevo salto en el número de refugiados, es imperativo insistir en que Washington cumpla su compromiso de impulsar el desarrollo en el Triángulo Norte, bajo el entendido de que la migración únicamente puede frenarse atendiendo a sus causas.

En este sentido, debe recordarse que 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales se han sumado al Plan de Desarrollo Integral presentado por México para aliviar la situación en los países centroamericanos, iniciativa que Estados Unidos debiera ser el primero en asumir no sólo porque representa el camino éticamente correcto y porque se comprometió a respaldarlo, sino porque es lo más sensato que pueden hacer el inquilino de la Casa Blanca y sus partidarios si quieren detener la llegada de migrantes a sus fronteras.