San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Estado mexicano aceptó ofrecer una disculpa pública a tres mujeres indígenas que en 1994 fueron violadas por efectivos militares en el municipio de Altamirano, informó Gloria Flores, representante del Comité Hermanas González Pérez.

Indicó que el acuerdo respectivo se tomó en julio pasado con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Adelantó que el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano está programado para el 18 de octubre próximo en el municipio de Ocosingo, vecino de Altamirano.

Encinas se comprometió a que estén presentes representantes del Ejército con su uniforme verde, y a nombre del Estado mexicano acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Manifestó que las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez están demandando que los militares tomen la palabra y pidan perdón, porque para ellas como indígenas eso tiene un significado muy importante.

Expresó que el compromiso de Encinas Rodríguez es que acudirá un alto mando de las fuerzas armadas, contrario a lo que propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto, que planteó enviar a un subsecretario.

Flores afirmó que nunca fue la prioridad de las hermanas González Pérez una reparación del daño en términos económicos, pero el acuerdo con Encinas incluye una indemnización.

Recordó que las tres indígenas tzeltales y su madre Delia Pérez de González fueron detenidas en un retén del Ejército mexicano en Altamirano el 4 de junio de 1994, en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares, que obligaron a la madre a presenciar las agresiones.

Añadió que el 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano violó diversas garantías de las tzeltales y le recomendó investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos en agravio de las cuatro mujeres.