La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció este viernes que impuso sanciones a las empresas farmacéuticas Lomedic SA de CV y Laboratorios Solfrán –ambas propiedad de Carlos Lomelí, ex delegado del gobierno federal en el estado de Jalisco– con una multa de un millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitarlas por dos años y seis meses.

En un comunicado, la dependencia informó que las circulares sobre el tema ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y son resultado de minuciosas investigaciones en las que se identificó que ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas.

De acuerdo con la SFP, las dos empresas manifestaron no contar con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En los mencionados anuncios del DOF, se indica que las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal.

Tanto Laboratorios Solfrán como Lomedic son compañías propiedad de Carlos Lomelí, quien en julio pasado renunció a su cargo como superdelegado del gobierno federal en Jalisco, luego de que una investigación periodística lo señalara por haber incurrido en supuesto conflicto de intereses al participar en licitaciones públicas para abastecer de medicamentos a dependencias gubernamentales.

Previo a su renuncia, Lomelí afirmó en una entrevista televisiva que la única intención de haber dejado el cargo era que se realizaran con libertad las investigaciones sobre los señalamientos que se le hicieron, así como para parar ese golpeteo y esa violencia mediática y política que intenta dañar al gobierno federal de manera permanente.

El empresario farmacéutico y ex delegado –que en 2018 contendió por la gubernatura de Jalisco por Morena– había sido señalado por tener nexos con la compañía Abisalud, que es investigada por presuntas ventas irregulares tanto al gobierno federal como al estatal por un total de 164 millones de pesos.

Lomelí fue acusado en su momento por el entonces candidato a gobernador Enrique Alfaro de haber propiciado el desabasto de las farmacias del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco.

Anoche, la SFP informó que la empresa de implantes ortopédicos Osteo CEN SA de CV fue inhabilitada por dos años y recibió una multa de casi un millón de pesos por falsear información al participar en una licitación del IMSS en Nuevo León.

En un comunicado, explicó que las sanciones son resultado de una investigación abierta tras una denuncia ciudadana interpuesta ante el Órgano Interno de Control del IMSS. Las indagaciones demostraron que la empresa presentó documentación falsa para participar en la invitación a cuando menos tres personas emitida por el IMSS Nuevo León para la adquisición de material de osteosíntesis (cirugías óseas) y endoprótesis (tratamientos arteriales).

Para participar como oferente, agregó, la empresa manifestó que la totalidad de los bienes serían producidos aquí, cuando en realidad proceden de un país con el que México no mantiene tratado alguno que cumpla con las reglas de origen.