En el caso de Rosario Robles, vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, el Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba que se recabaron de bases de datos oficiales del gobierno de la Ciudad de México y su legalidad puede constatarse, señalaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la defensa de la ex funcionaria sostuvo que las autoridades ministeriales presentaron una licencia de conducir falsa como prueba.

Las fuentes consultadas indicaron que los documentos fueron obtenidos por los investigadores al revisar los registros de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), y que la dirección que aparece en la licencia concuerda con un inmueble que supuestamente le alquiló Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con las constancias ministeriales que fueron mencionadas durante la vinculación a proceso que se dictó a Robles el 13 de agosto, por parte del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, una licencia de conducir con un domicilio que no correspondía a la dirección de un inmueble propiedad de la ex funcionaria fue considerada prueba de la posibilidad de que ella se sustrajera a la acción de la justicia y por ello se le dictó la prisión preventiva justificada.

El jueves por la noche, el abogado de Robles acusó en una carta que el Ministerio Público Federal presentó como prueba una supuesta licencia de conducir con domicilio, firma y fotografía falsos y distintos a los de la ex funcionaria.

El abogado Julio Hernández Barros afirmó que en la supuesta licencia falsificada se puede observar que la fotografía fue tomada tal vez de Internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Robles.

El despacho de abogados aseveró que la licencia, la cual obtuvieron de manera anónima, con datos de la Semovi, señala en su base de datos que el domicilio de Robles es calle Tennyson s/n, colonia Axotla, en Álvaro Obregón, cuando en realidad ésta se ubica en Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

“La defensa legal de Rosario Robles exige que se respete el estado de derecho y se dé continuidad al procedimiento evitando ‘ardides’ notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas.”

Asimismo, el bufete jurídico consideró un acto arbitrario y fuera de toda lógica que el Ministerio Público recusara a la magistrada Graciela Rocío Santes Magaña para evitar que conociera de la audiencia pública de alegatos aclaratorios prevista para este viernes 13 de septiembre, en la que se revisaría la medida cautelar de prisión preventiva impuesta de manera ilegal a su defendida.