Una mujer de nacionalidad venezolana promovió un juicio ante el juzgado noveno de distrito en materia de amparo penal, con sede en la Ciudad de México, por ataques a su libertad y el derecho a transitar fuera de procedimiento con fines de deportación, devolución o expulsión, incomunicación y violación a derechos humanos, los cuales habría sufrido por parte de autoridades migratorias mexicanas.

La quejosa denunció específicamente a la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por haber cometido abusos contra su persona e impedirle la entrada al país al empezar un proceso para su deportación.

Con la ayuda de sus familiares y amigos, la mujer pudo conseguir representación jurídica para promover el amparo, el cual fue admitido a trámite e incluso obtuvo una suspensión que le permitirá recuperar su libertad.

En meses recientes se han acumulado en el Poder Judicial Federal varios amparos promovidos por ciudadanos extranjeros en contra de las leyes migratorias mexicanas, la mayoría por actos de abuso o que colocan a las normas como causa de violación a los derechos humanos.

Algunos casos ya han llegado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya segunda sala tiene pendientes por resolver siete.

Hasta el momento sólo se han hecho públicos dos proyectos de sentencia presentados por el ministro Fernando Franco González Salas referidos a amparos que fueron promovidos por ciudadanos venezolanos.

En ambos casos se impugna el artículo 18 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que fija un plazo de 30 días para que una persona que ingresó a territorio nacional pueda solicitar el estatus de refugiado.

Los proyectos de sentencia del ministro Franco proponen amparar a los dos quejosos en contra de este artículo con el argumento de que este plazo implica una restricción al derecho humano relativo al reconocimiento de la calidad de refugiado. Se espera que ambos proyectos sean votados en las próximas semanas.