El presidente del Consejo Consultivo para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Mauricio Merino Huerta, dijo que a diferencia de la atención a la reconstrucción del gobierno anterior, las cosas se están haciendo ahora de manera ordenada, con un plan de acción y prioridades muy bien definidas, lo que no implica descuidarse, entregar cheques en blanco, ni dejar de exigir que se cumpla la ley a cabalidad, principalmente a las empresas contratadas para redificar las viviendas.

Entrevistado al concluir la sesión solemne por los sismos de 2017 y 1985 en el Congreso capitalino, afirmó que está pendiente determinar responsabilidades por las atribuciones que asumió la extinta Asamblea Legislativa al pretender abrogarse el derecho de asignar los recursos para la reconstrucción lo que generó una distorsión gravísima en el proceso inicial en momentos críticos para la reconstrucción.

Consecuencia de esto, agregó, es que aplazó, complicó y probablemente corrompió el proceso.

Este diario denunció en diciembre de 2017 que los entonces asambleísta del PRD Leonel Luna y Mauricio Toledo, junto con el panista Jorge Herrera, se otorgaron la facultad, dentro del Presupuesto de Egresos de 2018, de proponer, vigilar y supervisar el ejercicio de 5 mil millones de pesos asignados a la reconstrucción, situación que generó en febrero las renuncias del encargado de la Comisión en ese momento, Ricardo Becerra y de Merino como integrante.

Posteriormente, la organización Nosotrxs, fundada por el mismo Merino, publicó en mayo los oficios en los que los diputados autorizaban la aplicación de recursos con fines distintos a la atención de la emergencia, pero ya no supimos si tuvieron curso, si se usaron, si quedaron sin efecto, nada.

En su función actual al frente del consejo, dijo que a partir del seguimiento de las acciones de reconstrucción se han emitido recomendaciones sobre los desafíos que ven en esta nueva etapa cómo vigilar a las empresas que se están haciendo cargo de la reconstrucción para dar certeza sobre la seguridad estructural de las viviendas redificadas y rehabilitadas, terminar la demolición de los edificios dañados que están en riesgo de caer en un eventual sismo, dar también certeza jurídica a todas las personas afectadas con un enfoque de derechos humanos y máxima transparencia en la aplicación de los recursos públicos y privados, entre otros.