dos años de los devastadores sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017, la tragedia continúa viva para centenares de miles de damnificados en la Ciudad y el estado de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En todas estas entidades persisten recordatorios del trance que la población debió encarar, la primera fecha en el sureste del país, y la segunda, como una dura coincidencia con el histórico terremoto de 1985, en la capital: de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 70 por ciento de los inmuebles dañados por los sismos referidos permanecen sin reconstruir.
En el caso de la vivienda, la cifra de la Sedatu significaría que existe un rezago en 140 mil de 200 mil inmuebles afectados en diversos grados, donde además se registra que la mayor parte de los avances debieron realizarla los damnificados echando mano de sus propios recursos. Asimismo, debe recordarse que los siniestros tuvieron un impacto particular sobre la infraestructura educativa, sector en el que más de 19 mil planteles continúan en obras, con las consiguientes afectaciones para los estudiantes y el personal docente y administrativo que acude a ellos o que ha debido mudar sus actividades a sedes alternas.
Esta exasperante lentitud en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas obliga a plantear dos consideraciones. En primer lugar, que el papel de los anteriores gobiernos federal, estatales y municipales se caracterizó por la opacidad e incluso la simulación, pues hasta la fecha no existe claridad alguna acerca de cómo y dónde se aplicaron los fondos destinados a la reconstrucción. Muestra de esta opacidad se encuentra en datos como que una de cada tres personas damnificadas no recibieron ninguna ayuda o que la pasada administración federal reportó un nivel de avance sensiblemente inferior al que detectaron las nuevas autoridades al recorrer las zonas siniestradas.
Además del manejo discrecional del dinero público, la actuación de gobernantes y representantes del periodo pasado la marcó su claro sesgo en favor de la industria inmobiliaria, con planes de reconstrucción que no planteaban ninguna ayuda a quienes la necesitaban, sino lo contrario: se pretendió convertirlos en doblemente damnificados al añadirle a la pérdida de su patrimonio la carga de una deuda a largo plazo con constructoras e instituciones financieras.
Es evidente que las irregularidades y la agraviante indolencia de los funcionarios anteriores significan un pesado lastre para la administración actual, pues a las labores de ayuda debe sumarse la no menos imprescindible tarea de enmendar los errores, detectar los desvíos de dinero público y generar una política coherente que permita a los afectados cerrar la herida para retornar de manera efectiva a la normalidad. Sin embargo, no puede pasarse por alto que ya transcurrieron casi 10 meses desde el cambio de régimen y hasta ahora gran parte de los damnificados no ha recibido señales concretas de que su situación se atienda con la celeridad debida, por lo que cabe hacer un llamado a que se redoblen todos los esfuerzos y se muestre, al fin, la sensibilidad de la que carecieron quienes se encontraban al frente de las instituciones en el momento de los siniestros.
Es pertinente, por último, hacer mención del macrosimulacro efectuado ayer en la capital del país, en tanto las graves deficiencias exhibidas durante su ejecución (que incluyeron tiempos de desalojo muy superiores a los óptimos, así como 26 personas lesionadas y fallas en el sistema de alerta) son un recordatorio de la imperiosa urgencia de reforzar la cultura y los procedimientos de protección civil. Nunca será excesiva la insistencia en que los sismos son inevitables e impredecibles, pero las pérdidas humanas y materiales que dejan se encuentran directamente vinculadas con la preparación de una sociedad ante estos fenómenos naturales.
