La Cámara de Diputados avaló ayer la Ley General de Educación y la Ley de Mejora Continua de la Educación e inició –al cierre de esta edición– la discusión de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros, paquete legal que –definió Morena– termina por suprimir la reforma educativa del sexenio pasado, impuesta a sangre y fuego por Enrique Peña Nieto.

En una serie de medidas que fueron cuestionadas por la oposición, en ese paquete legislativo se considera la participación del magisterio en la asignación de plazas y su opinión en el diseño de los planes y programas de estudio.

Con la Ley General de Educación se desaparece el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y se constituyen los comités escolares de administración participativa.

En estos comités, maestros, padres de familia y los alumnos a partir del cuarto grado de primaria, tendrán intervención en el mejoramiento, mantenimiento y ampliación física de infraestructura.

Morena explicó que entre los contenidos de la Ley General de Educación están una educación sexual y reproductiva, la enseñanza de la paternidad responsable, la promoción del emprendimiento, el reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, el fomento de la cultura de la transparencia, la educación financiera y la paz, entre otros.

Esa bancada precisó que la ley obliga al Estado a preservar servicios educativos con equidad y excelencia e incluye medidas para garantizar esos preceptos: becas y apoyos económicos a los alumnos; contribuir con su alimentación; impulsar a los maestros en escuelas de localidades aisladas, incluso con un salario superior; la apertura de escuelas de tiempo completo, siempre y cuando haya presupuesto; y garantía de derechos a los niños y adolescentes, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria.

En la tribuna de la cámara, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña (Morena), presentó una postura política en su turno para dar fundamento a los dictámenes, decisión que derivó en una crítica de la oposición, en especial del PAN, que acusó de una imposición de las leyes.

Aquí no hay imposición, hay democracia y ánimo de sacar adelante al lastimado sistema educativo. Estas leyes destierran las políticas neoliberales fallidas, que impusieron el mercado a la educación, declaró.

A un lado de ella en la tribuna, los diputados de Morena que también son profesores y forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), gritaron: ¡Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó!

En contraste, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) lamentó que el dictamen sólo refleja la postura de Morena e insistió en la crítica de la oposición, respecto de que los proyectos de dictamen no se circularon con cinco días de anticipación, como define el reglamento de la Cámara y más cuando los tres documentos suman más de mil páginas.

Azael Santiago Chepi (Morena), ex secretario general de la sección 22 de la CNTE, afirmó que la ley de educación considera a los alumnos como los sujetos más importantes de la educación que imparte el Estado mexicano y los maestros como los agentes generadores de la transformación social, es decir, ambos son los principales actores del proceso educativo, indicó.

La mayoría aceptó finalmente incluir la definición que, desde la reforma constitucional, planteó el PT para que toda persona goce del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana.

No obstante, la priísta Ana Lilia Herrera defendió la reforma del sexenio pasado. Pasamos de la evolución a la demolición del sistema educativo mexicano. Están secuestrando la educación de los niños. Quieren crear clientelas, en lugar de oportunidades, afirmó.