Un tribunal colegiado de la Ciudad de México rechazó el recurso de queja que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) contra el fallo de un juez federal, quien amparó a Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), vinculado al desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre 2012 y 2018, conocido como la estafa maestra.

El colegiado confirmó la sentencia en la que concede la protección de la justicia al quejoso contra el auto de vinculación a proceso de enero pasado, ya que según el juez federal resolvió en su momento que el Ministerio Público, al formular la imputación, omitió cumplir con el principio de oralidad, pues las justificaciones correspondientes las realizó en ambas audiencias leyendo. Asimismo, dejó sin efectos la audiencia inicial y ordenó reponer el procedimiento desde la imputación.

Además, el amparo implica que la autoridad responsable realice las gestiones a fin de que la solicitud de celebración de audiencia inicial relativa a esa carpeta judicial encausada contra Lara Martínez se turne a diverso juez de control. Además se tendrá que notificar a las partes y a qué órgano jurisdiccional le corresponderá conocer de la causa y celebrar la audiencia inicial.

De acuerdo con la resolución, una vez que el juez de control reciba la solicitud para celebrar de nuevo la audiencia de imputación (inicial), en su calidad de autoridad responsable sustituta, deberá “salvaguardar los principios rectores del sistema penal acusatorio.

Indicar al Ministerio Público federal que no le es permitido modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, e inexcusablemente deberá propiciar que las partes se abstengan de leer los documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo podrán leer los registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicción, previa solicitud al respecto, para que en su oportunidad (el impartidor de justicia), con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, señala el expediente.

A Lara Martínez se le señala de supuestamente formar un contrato entre la UPSZ y Sagarpa, la cual contrató a la universidad para realizar labores de apoyo a la infraestructura tecnológica de la dependencia federal, para dar soporte a la operación de programas institucionales y garantizar su continuidad.

Lo anterior derivó en un probable daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, advirtió en su momento la ASF. Por este caso, Salvador Lara fue inhabilitado por 20 años para desempeñar cargos públicos.