Xalapa, Ver., El Sistema Estatal de Videovigilancia anunciado en 2018 por el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares como una decisión estratégica para combatir la violencia y restablecer la seguridad pública en Veracruz resultó un fracaso. En el informe de la cuenta pública 2018, que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó al Congreso local esta semana, se detectó que el equipo e instalaciones para poner en operación el sistema “no cumplen con las requisitos señalados en el anexo técnico del contrato.

Se detectó obra de mala calidad, con deficiencias técnicas y operando parcialmente. Hay un incumplimiento en las especificaciones generales y particulares establecidas en la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión, dice la auditoría, por lo cual el Orfis diagnosticó un daño a la hacienda pública por mil 44 millones 523 mil 721 pesos.

En octubre de 2017, ante el pleno de su gabinete y representantes de sectores empresariales, Yunes Linares anunció que la instalación de 6 mil 476 cámaras en lugares claves de seis regiones: Pánuco, 404; Poza Rica, mil 136; Xalapa, 2 mil 52; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084 para cubir 21 mil 594 kilómetros cuadrados del territorio estatal.

En la explanada del palacio de gobierno y apoyado con videos, el mandatario detalló que el sistema contaría con estaciones de monitoreo para dar seguimiento a la persecución de los delitos; centro de datos para el almacenamiento y análisis de video, y prometió que sería administrado y operado por personal certificado.

Describió que el equipo tecnológico realizaría reconocimiento facial, identificación de placas vehiculares, de sucesos, de objetos abandonados y comportamiento anormal. Ningún delincuente escaparía a la justicia, prometió.

6, 476 cámaras no cumplen con las especificaciones

Pero en el informe de resultados de la cuenta 2018 se detectó que las 6 mil 476 cámaras prometidas no cumplen las especificaciones prometidas. Por ejemplo, mil 581 tienen el lente zoom 23X, cuando el contrato establece zoom 30X; y 4 mil 743 cámaras no operan con los parámetros de video establecidos en el anexo técnico del contrato SSP-UA-111/17.

De los mil 581 postes octagonales de 20 metros que sostendrían las cámaras de vigilancia, como establece el contrato; se detectó que muchos no cumplen con el perfil de sección solicitado, algunos tienen 15 o 10 metros de altura y no son octagonales, sino hexagonales.

De los mil 581 gabinetes galvanizados que se instalaron en los postes para resguardar el equipo de videovigilancia, al menos 200 no cumplen con la norma IP66, de protección contra polvo y agua, lo que constituye un riesgo para el equipo que alojan.

De la instalación y configuración de las cámaras IP, la auditoría detectó que ninguna de las 6 mil 324 operan correctamente. Los mil 581 radioenlaces no están debidamente instalados. Y ninguna de la las 152 cámaras tipo LPR realiza lectura de placas vehiculares.

Para poner en marcha el sistema de videovigilancia, el gobierno de Yunes contrató a la empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, dueño de El Financiero, que cuenta con un expediente de inhabilitación abierto por la Secretaría de la Función Pública en 2013.

Lo de las cámaras de vigilancia sinceramente fue un fraude, no funcionan, dijo antes del informe, la Secretaría de Seguridad Pública.