Es necesario que la educación superior del país llegue a un gran acuerdo nacional de transformación, que vaya más allá del financiamiento y en el que los gobiernos de los estados asuman también su responsabilidad en el tema presupuestal, expresó Javier Mendoza Rojas, del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (Iisue), de la UNAM.

Una vez que se supere la discusión del presupuesto, 2020 puede ser un año muy importante para desatar verdaderos procesos de cambio en el sistema nacional de educación superior, dijo el también asesor externo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Mencionó que está pendiente otro paquete legislativo de la reforma constitucional al artículo, que son las leyes generales de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dentro de un nuevo marco legal y un nuevo acuerdo político, creo que se pueden desatar procesos que han sido inéditos hasta el momento para superar definitivamente los coyunturales de corto plazo y que limitan el desarrollo de la educación superior y del país, expresó el especialista Mendoza Rojas, quien por décadas ha estudiado el tema presupuestal de las instituciones de educación superior.

El gran acuerdo nacional de transformación, precisó el investigador del Iisue, no sólo debe ser visto desde el ángulo del financiamiento –en el que los gobiernos estatales también deben ser actores importantes–, sino sobre todo desde la función social que cumplen universidades e instituciones públicas de educación superior para el bienestar de la población, es decir, en la formación de profesionales, el tipo de investigación que realizan y la generación y difusión de las culturas.

Mendoza Rojas se refirió a un reciente estudio de la Anuies donde se analiza el presupuesto recibido por las instituciones de educación superior desde 2000 a la fecha, incluido el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

En este lapso, dijo el especialista, se observa un aumento constante en la matrícula, por encima del subsidio que ha recibido, particularmente desde 2012.

Incluso, el análisis advierte que de continuar esta tendencia de reducción en el subsidio federal y el nulo compromiso de los gobiernos estatales, el número de universidades en crisis financiera –actualmente nueve con problemas para cerrar el año–, crecerá en los próximos meses.

Por tercer año consecutivo, el PEF no incluye recursos para ampliar la matrícula, lo que contraviene las políticas de universalización de la educación superior.

Esta postura, aseveró, es incongruente con la meta del gobierno de alcanzar 50 por ciento en la cobertura en educación superior, la cual se ubica actualmente en 39.7 por ciento. El propio estudio de la Anuies revela que para alcanzar dicho porcentaje para 2024 es necesario incorporar en este lapso a casi 1.15 millones de estudiantes de licenciatura.