o hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Luiz Inácio Lula da Silva, divulgado la semana pasada por medio de una carta manuscrita, en el sentido de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como fue solicitado por los fiscales de la Operación Lava Jato.

Para el expresidente brasileño, el preso político más incensado del mundo, que viene de ser agraciado con el inédito título de Ciudadano Honorable de la ciudad de París, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Que se anulen los juicios a que fue sometido. Nada más le interesa.

Reiterando lo dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula da Silva escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

Lo que los fiscales realmente deberían hacer es ofrecer disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la justicia y a la nación, disparó, para luego reivindicar que frente a las arbitrariedades cometidas por los fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya justicia independiente e imparcial.

Con lo que Lula anticipó, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de ex presidente antes que la corte suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical. Sobran indicios de que se podrán anular varios procesos manipulados por el entonces juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y los fiscales encargados de la acusación.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica casi sin precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a las progresiones de régimen, y cuando ocurrieron ha sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en el caso de cuando salían de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que puede hacer el preso es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se le fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Luiz Inácio Lula da Silva dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, pero que en tanto seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa del ex mandatario brasileño reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol, supuesto coordinador de la acusación que funcionaba bajo orientación del citado juez Moro.

También ingresó con un pedido de habeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad del hoy ministro de Justicia de Brasil, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula da Silva no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, al negar un beneficio insistiendo en que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la justicia en Brasil, si lo hacen con o sin dignidad.