La alerta de género para la Ciudad de México fue aplazada y la respuesta de los jueces para implementarla podría tardar entre uno y tres meses, estimó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez Hernández.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) interpuso un recurso de revisión respecto de la sentencia emitida sobre este tema, con lo que los plazos se amplían.

Con un amparo sobre el amparo debemos esperar otra vez a ver qué se resuelve y ver qué tipo de ordenamientos da el gobierno federal alrededor de la determinación de la ley, pues el plazo otorgado por el juez para determinar la alerta venció la semana pasada, señaló.

De esta manera, expuso, los plazos se amplían, pues tendría que haber sido una sentencia firme, no un amparo sobre el amparo, como sucedió, teniendo un recurso en revisión en curso y debemos esperar otra vez a ver qué resuelve.

La ciudad se queda con lo establecido en julio pasado por la Conavim, cuando decidió no decretar la alerta y que son los 17 puntos que tenemos de seguimiento, dijo, y reconocó el primer dictamen en contra del Estado mexicano sobre un caso de discapacidad.

El 3 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México dio a conocer que el comité que da seguimiento a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo emitió.

Se trata, destacó, de la primera determinación sobre la responsabilidad internacional dirigida a México, por la violación de los derechos humanos de Arturo Medina Vela, joven con discapacidad intelectual y sicosocial procesado por robo de un vehículo en 2011.

El joven atravesó un largo camino judicial, pues las autoridades le negaron la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declarar, designar a su defensa y aportar e impugnar pruebas, derechos básicos para cualquier persona sujeta a un proceso penal.

Por lo que fue declarado inimputable e ingresado al Centro Varonil de Readaptación Social Sicosocial, por cuatro años, sin la oportunidad de recurrir el fallo.