La política social puesta en marcha en México mediante transferencias monetarias ha suavizado los efectos de la pobreza al aumentar el ingreso, pero sin una reforma fiscal dirigida a gravar realmente a las clases más altas, todo proyecto será insuficiente para cerrar la polaridad en la distribución de la riqueza, explicaron especialistas.

La fórmula basada en programas sociales que usa el gobierno federal definitivamente va a tener efecto en la desigualdad por ingreso, pero queda la pregunta de si el modelo es sostenible fiscalmente y amigable con el crecimiento, declaró en entrevista Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las transferencias monetarias llevan años en México y hasta ahora han implicado una pequeña reducción en la desigualdad, vía ingreso, beneficiada por una contracción de los salarios entre quienes más ganan. Una reducción de la desigualdad como la que ha habido en México, en términos de ingresos, no es muy conducente a que haya mayor crecimiento económico, agregó el funcionario de Naciones Unidas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares exhiben que las familias ricas tienen ingresos 18 veces más altos que aquellos que se encuentran al fondo de la escala. Con dichos datos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social definió que más de 40 por ciento de los mexicanos son pobres.

Moritz Alberto Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la precarización de los salarios, las deficiencias fiscales, pero sobre todo la “forma en que ha crecido la economía: un solo sector acapara y los demás se quedan atrás (…) han profundizado los niveles de pobreza, que tal vez es el tema más persistente”.

López-Calva señaló que la experiencia mexicana apunta a que debe haber una redistribución que sea más amigable con el crecimiento económico. Uruguay, como el caso más exitoso en América Latina para redistribuir, tuvo su inflexión en 2017 con una reforma fiscal. Realmente están pagando impuestos muchos más altos los de hasta arriba de la distribución para poder financiar lo que va hacia la parte baja, mencionó. Es momento de pensar en esquemas fiscales que realmente pongan impuestos más altos a la parte más alta de la distribución.

Aparte, Cruz Blanco sostuvo que una política contra la desigualdad se centra en imponer una política de quitarle a los que más ganan, ese pequeño grupo, uno por ciento de la población, que acapara hasta 20 por ciento del ingreso hay que quitarles algo. Ello no necesariamente por conducto de más ISR. Las alternativas: inversiones en acciones, ganancias, impuestos en herencias.

Explicó que las transferencias gubernamentales son insuficientes para abatir la desigualdad y no parecen sostenibles para reducir indicadores de pobreza a mediano y largo plazos. Mientras la administración federal ha prometido una reforma no antes de los tres primeros años de su gobierno.

López Calva dijo que aparte del ingreso, los programas del actual gobierno pueden tener incidencia también en la disparidad por grupos de población. Y el otro rubro donde se puede trabajar es la desigualdad por territorio.