l presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, enfrentará el miércoles próximo un paro nacional planeado por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares en rechazo a los incrementos en los precios de los combustibles decretado por el gobierno la semana pasada, y en exigencia de marcha atrás a las disposiciones de flexibilización del mercado laboral que resultan lesivas para los derechos de los trabajadores.

En días pasados, el descontento social derivó en un huelga general de transportistas y en jornadas de confrontaciones violentas en las calles. El sábado, comunidades indígenas de la sierra de Chimborazo retuvieron a 47 militares, y otros pueblos indígenas declararon, en ejercicio del derecho a la autodeterminación, el estado de excepción en sus territorios para contrarrestar la brutalidad de la fuerza pública.

Las medidas referidas, características de los paquetazos y las terapias de choque del neoliberalismo puro y duro, implicanun deterioro inmediato en las condiciones de vida de la mayoría de la población, sobre todo porque conllevarían un alza generalizada de los precios del transporte público. Las disposiciones referidas son vistas como consecuencia directa del acuerdo firmado en febrero de este año con el Fondo Monetario Internacional (FMI ) por 4 mil 200 millones de dólares, un acuerdo que rubricó el giro de 180 grados del Ejecutivo ecuatoriano respecto de las políticas sociales y soberanistas que desarrolló durante una década el predecesor y antiguo impulsor político de Moreno, Rafael Correa, quien tras su salida del cargo ha sido víctima, junto con varios de sus cercanos colaboradores, de una persecución política disfrazada de judicial.

La embestida neoliberal de Lenín Moreno no sólo ostenta un marcado tinte antipopular y antinacional –pues ha vuelto a poner la conducción de los asuntos económicos del Ecuador en manos del FMI– sino que es resultado de una doble traición: a los electores, que votaron por la permanencia del partido Alianza País en la presidencia, dando por hecho que Moreno habría de mantener el ideario y el programa social de Correa, y a la Revolución Ciudadana iniciada y conducida por éste. Con esos antecedentes, el actual gobernante ecuatoriano se enfila por una ruta peligrosa de inestabilidad y sublevaciones sociales.

Es pertinente recordar que los ex presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005) fueron depuestos a raíz de oleadas de descontento masivo provocadas, en primera instancia, por decisiones económicas antipopulares. Puede ser un muy mal cálculo de Moreno ignorar esos antecedentes, y suponer que la sociedad ecuatoriana mayoritaria ha perdido la capacidad de movilización y los reflejos políticos para identificar un ejercicio de poder que le es adverso. Por el contrario, es razonable suponer que el proceso de la Revolución Ciudadana fortaleció la capacidad de resistencia de diversos sectores, como parece demostrarlo la rápida respuesta popular al gasolinazo de la semana pasada.

Así fuera por pragmatismo político, Moreno debería verse en el espejo de sus antecesores en el cargo, que fueron echados de éste por protestas multitudinarias; entender que sus medidas neoliberales significan jugar con fuego y dar marcha atrás. Por el bien de Ecuador, cabe esperar que así sea.