La Cámara de Diputados votará mañana la minuta devuelta del Senado con la ley de austeridad, que incrementa de cinco a 10 años el periodo en que un funcionario de alto nivel con información privilegiada no pueda emplearse en la iniciativa privada después de dejar la administración pública.

Morena prevé que la austeridad no puede afectar los derechos sociales e inversión para atender emergencias y desastres naturales, sino exclusivamente el gasto corriente no prioritario.

La ley representa un cambio radical en la forma en la que se ejerce el gasto. El proyecto rescata el mandato constitucional de cuidar los recursos y obliga a la federación, estados y municipios, administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, explicó la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna.

Agregó que medidas de austeridad sin control ni planificación adecuadas pueden tener efectos muy nocivos para la población.

La ley prevé que un comité de evaluación, junto con la Cámara de Diputados, presente un informe anual de austeridad en el que se reporten los ahorros y se analicen los efectos de las medidas adoptadas, con objeto no sólo de dar resultados de esta política, sino de corregir cualquier irregularidad.

Detrás del proyecto de la ley de austeridad está una política pública decidida a evitar el dispendio que por muchos años ha caracterizado el funcionamiento del aparato del Estado mexicano y conducir a un gobierno mesurado en su gasto, con funcionarios que reciben una remuneración adecuada y comprometida con los derechos de las personas. Atrás quedan el gasto y los salarios desorbitados que caracterizaron, al igual que los recortes, al periodo neoliberal.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, dijo que se busca evitar penosos episodios donde el gobierno y dependencias despilfarraban recursos, se financiaban excesos, privilegios y frivolidades, además de evitar conflictos de intereses, combatir la corrupción y promover un comportamiento ético.