Un centenar de organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, se pronunciaron en favor de la iniciativa de la ley de amnistía enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre.

En caso de aprobarse, indicaron que contribuiría al reconocimiento de diversos grupos históricamente vulnerados, discriminados, estigmatizados y juzgados, como mujeres, indígenas y personas en situación de pobreza.

Las 87 organizaciones que se agrupan en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Círculo Feminista de Análisis Jurídico, Fundar, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otras, indicaron que el proyecto cuestiona, además, la perspectiva punitiva del sistema de justicia que se traduce en abusos como la exagerada prisión preventiva, obtención de confesiones bajo tortura, ausencia de traductores, intérpretes y abogados para indígenas, la criminalización del aborto y de los partos fortuitos, penas “absurdamente severas para ilícitos.

Esta iniciativa, para los casos relacionados con delitos contra la salud y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, probaría ser invaluable para iniciar el difícil proceso de transformar el actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles que, a la fecha, sigue siendo un reto del Estado mexicano.

La ley, agregaron las ONG, beneficiaría a indígenas que no contaron con traductor y/o intérprete y/o defensoría legal con perspectiva de género e interculturalidad, personas acusadas de cometer robo simple, sin violencia, con pena de prisión máxima de cuatro años; procesados y sentenciados por sedición o por formar parte de grupos impulsados por motivos políticos con el fin de alterar el orden y la vida institucional.

También ayudaría a los señalados por delitos contra la salud en condiciones de pobreza, extrema vulnerabilidad, exclusión, desigualdad estructural y discriminación, principalmente mujeres que fueron orilladas a cometer esos ilícitos por indicación de su pareja y/o familiares o quienes hayan sido obligados por grupos de delincuencia organizada.

Otros favorecidos serían los jóvenes víctimas de pobreza y falta de oportunidades que incurrieron en la posesión o venta de drogas.