Jueces, magistrados, directores generales de dependencias públicas e incluso consejeros del Instituto Nacional Electoral han promovido 5 mil 165 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (Lfrsp), tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el 19 de abril.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que son más 27 mil 300 los quejosos incluidos en estos amparos, lo que quedarían sin materia si se expide una nueva LFRSP que dé cumplimiento al fallo de la SCJN emitido en mayo sobre el tema.

El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal ordenó que todos los amparos fueran aplazados en tanto resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente, cuando revisó dicha ley y encontró que, aunque es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remumeraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción: no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre mayor es ésta el salario deberá incrementarse proporcionalmente.

En su fallo, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión aclarar en la Lfrsp los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.