La Cámara de Diputados avaló anoche la ley de austeridad, que impone un candado para que ningún alto funcionario público pueda ser empleado en empresas privadas en los 10 años posteriores al término de su cargo, decisión que motivó incluso el voto dividido de la bancada de Morena.

La vicecoordinadora de ese grupo, Tatiana Clouthier Carrillo, calificó la medida como claramente un exceso y llamó a sus compañeros a actuar con mesura y sensatez y reconsiderar, con el argumento de que ningún cargo público es eterno.

En ese tenor, propuso un cambio –que fue desechado y la ley se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación– para regresar al límite de cinco años que originalmente impuso la Cámara de Diputados, pero que el Senado incrementó a 10 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que se redujera la prohibición.

Condenados a vivir de la política: Clouthier

Clouthier explicó que su reserva surgió de una preocupación: el derecho de los funcionarios a un trabajo digno en el presente, pero también en el futuro. Lamentó que con esta imposición se “condena a los funcionarios a vivir de la política, como si nunca pudieran terminar los plazos para su trabajo. Los cargos no son perennes. Es también un incentivo para que caigan en la corrupción al tener que garantizar subsistencia por una década.

Refirió que si bien hubo malos funcionarios, especialmente en altos mandos, durante diferentes gobiernos en el pasado, son éstos a los que la justicia persigue hoy. No obstante, la mayoría son honestos y dedican su vida al trabajo en la función pública.

Por ello planteó encontrar el punto medio y buscar cómo dañar menos el interés del profesionista, pero el pleno rechazó admitir la reserva a discusión.

En el mismo tono se expresaron diputados de PRI, PAN y PRD, que consideraron la medida como revanchismo y sanción a la experiencia. Incluso, señalaron que en la búsqueda de evitar que se repitan casos de ex presidentes que al terminar su sexenio se emplearon en trasnacionales, al no ser retroactiva, la medida sólo afectará a los empleados del gobierno actual.

De esta manera, la ley prohíbe a funcionarios de nivel superior, que por cualquier motivo se separen de su cargo, ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, salvo que hayan transcurrido 10 años.

Erasmo González (Morena) afirmó que se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y no sea del dominio público.