ara tratar de dar legitimidad a la impugnada decisión de extender el periodo del actual gobernador electo del estado, Jaime Bonilla, el Congreso de Baja California realizó ayer una encuesta ciudadana
carente de rigor, equívoca en su formulación y tan falta de sentido democrático y legal como el yerro al que pretendió dar cobertura.
Cabe recordar que el 2 de junio pasado tuvo lugar una elección local en la que se disputó una gubernatura por dos años –con el propósito de empatar los comicios locales con los federales de mitad de sexenio– en la que Bonilla obtuvo un triunfo abrumador sobre sus oponentes. Un mes después, de manera inopinada y a contrapelo del más elemental sentido democrático, el Legislativo local aprobó una modificación a la Constitución de la entidad a fin de convertir ese bienio en un quinquenio.
Tal maniobra no sólo resultó violatoria de la voluntad popular, que se manifestó por un gobierno de dos años, y no por uno de cinco, sino también del principio básico del derecho que estipula la improcedencia de legislar en beneficio o perjuicio de un individuo en particular. En concreto, esa determinación legislativa es un peligroso precedente para que cualquier Congreso local, e incluso el federal, modifique a voluntad, y con base en negociaciones impresentables, el periodo de cualquier servidor público electo o en funciones.
Con todo y que la reforma constitucional referida ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría de los diputados bajacalifornianos se empeñaron en darle un cariz de legitimidad mediante la encuesta ciudadana
de ayer que, lejos de corregir el extravío, lo ahonda y lo complica.
Por otra parte, es insoslayable el hecho de que Bonilla pertenece al mismo partido que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, con la divisa de la ética y la honestidad, y en esa medida, el desaseo operado en Baja California lastima la credibilidad de la transformación de la vida pública que el actual mandatario se ha fijado como propósito central de su sexenio.
Más aún, el afán por extender el periodo de Bonilla en el Ejecutivo local deja traslucir un apego ambicioso al poder, desdén por las normas democráticas elementales e incluso una alarmante tendencia a conformar un cacicazgo estatal disfrazado con un supuesto acatamiento de la voluntad popular.
En suma, no es ético ni correcto cambiar las reglas del juego cuando éste se encuentra en marcha, o peor aún, cuando ya ha terminado, como fue el caso de la reforma constitucional realizada en la entidad fronteriza.
Es de esperar, pues, que el máximo tribunal del país restablezca la sensatez y la decencia y restituya el curso institucional bajacaliforniano a los términos en los que se desarrollaba hasta antes de este vergonzoso episodio.
