Ha pasado cerca de un año desde que se decidió cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, a ello sucedieron dos ceremonias de arranque de la obra en Santa Lucía en menos de seis meses.

Con todo ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin tener la garantía de que la inversión, hasta ahora estimada en 95 mil 260 millones de pesos, se pueda traducir en un aeropuerto internacional, explicaron en entrevista especialistas del sector.

A reserva de la serie de documentos referentes a análisis sobre costo-beneficio y de impacto socioambiental, que no se han revelado por la administración, queda en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) definir si para 2022 Santa Lucía puede dar servicios de aeronáutica comercial, con capacidad para competir a escala internacional.

Santa Lucía es actualmente una base militar donde se va a construir, pero no puedes manejarla como un aeropuerto civil con operaciones internacionales, porque de entrada no cumple los requisitos internos de nuestra reglamentación aérea ni con la norma mundial desde un inicio para su construcción, explicó Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA).

Federico Gómez, especialista en aviación, sostuvo que si el gobierno federal quiere tener un aeropuerto internacional, debe pasar forzosamente por la OACI en lo técnico y operativo, y por la IATA en lo comercial. Esto último para obtener la certificación oficial y que las líneas extranjeras lleguen. Es muy delicado, ineludible, destacó.

Al no apegarse a los estándares internacionales, podrás autorizar aviación local, pero que te vuele un Nueva York-Santa Lucía va a ser imposible, porque no va a estar con certificaciones internacionales, como de OACI o de IATA, añadió Casas Lías.

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo en días recientes que al estar blindado por el apéndice de instalación estratégica, algunos requisitos como concesiones para construcción se podían pasar por alto en Santa Lucía. El hecho de que sea una base militar no la exime de tener que apegarse a los requisitos y normas que establece la Ley de Aeropuertos, zanjó el director del INIJA.

A su vez, Fernando Gómez advirtió: no se puede pasar por alto la norma en la materia, como los estudios fehacientes de impacto ambiental, impacto de desarrollo social en zona y técnico aeronáutico a fondo, mismos que el gobierno federal no ha transparentado.

Con un estimado de cierre el 21 de marzo de 2022, es requisito un nuevo calendario de obras.

Además, para dar inicio a la construcción –independientemente de la confianza o no con que cuenten las autoridades en el rubro– se deben agotar todos y cada uno de los recursos legales, con lo que por el momento dar un banderazo de salida es simbólico, abundó Gómez.

Hasta ahora se destrabaron los juicios que son ecológicos, pero no hay recursos que se hayan presentado por falta de requisitos de ley para construir un aeródromo civil, acotó Casas Lías. No descartó que pueda llegar otra cascada de amparos respecto al rubro técnico-jurídico a Santa Lucía y que sea otra piedra en el camino, pero eso dependen de si los promueven o no.