El sindicato petrolero es una de las entidades más opacas entre los gremios del país. Debido a su resistencia para entregar información pública, referente sobre todo al uso de recursos públicos, tiene varias denuncias en su contra, ya que no ha cumplido los ordenamientos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Encabezado hasta el miércoles por Carlos Romero Deschapms, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha resistido a abrir incluso la información más básica mandatada en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Tras la reforma constitucional de 2014 en la materia, los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos son sujetos obligados, y como tales deben responder a los requerimientos de información que se les formulen.

Información del Inai muestra que de 2016 al 30 de septiembre de este año se han presentado 323 solicitudes de información al STPRM, con un índice de 10.8 por ciento de recursos de inconformidad (esto es, por cada 100 solicitudes hay 10 quejas que atiende el Inai), el doble del promedio de la cifra a escala federal, que es de 5 por ciento. Aunado a ello, se informó que hay al menos dos denuncias en su contra por no responder a las solicitudes de información. Una de 2018 y otra más de 2019, las cuales están en curso.

Antes de la reforma constitucional, los sindicatos eran sujetos obligados indirectos, es decir, la información se tenía que solicitar a las instituciones públicas correspondientes. En el caso del STPRM se hacía a Pemex. Ahora son sujetos obligados.

Otra irregularidad del STPRM durante la gestión de Romero Deschamps fue la detectada en 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente al préstamo de 500 millones de pesos que recibió de Pemex para la construcción de vivienda para sus afiliados.