Entre 1992 y 2018 se otorgaron 536 mil concesiones de aguas superficiales y subterráneas en violación de vedas, disponibilidad del recurso en las regiones, los derechos humanos y de núcleos agrarios, y sin controles sobre la contaminación, señaló la coordinadora Agua para todos, agua para la vida.

Ejemplificó que al Gasoducto de Aguas Prietas se otorgaron 611 con-cesiones; a la transportadora de Gas Natural de la Huasteca, 415, y al Gasoducto de Morelos, 255. Asimismo, se concesionaron 133 mil títulos de zonas federales, y hay al menos 20 que abarcan extensiones de 429 hectáreas a 2 mil 570.

En un análisis sobre los permisos otorgados para la extracción de agua a los sectores industriales, agrícola y de uso público urbano, la coordinadora precisa que la Ley de Aguas faculta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a concesionar el líquido de zonas federales sin necesidad de que esas áreas sean consideradas como bienes de la nación.

En la presentación de la coordinadora en los foros que realiza la Co-nagua rumbo a la iniciativa de la Ley General de Aguas, específicamente en el rubro para uso industrial, refirió que aunque hay usuarios ejemplares, el punto de partida para la ley es la impune contaminación generada por las empresas.

Ante ello, planteó que faltan inspectores y hay obstrucción a su trabajo, sobornos, amparos contra multas y la falta de pago de las mismas, resultando no sólo en la grave contaminación de nuestros cuerpos de agua, sino en condiciones de competencia desleal para la industria limpia.

Consideró que las concesiones representan un instrumento estratégico para lograr la transición planificada y consensuada hacia el acceso equitativo y sustentable mandatado por la Constitución. Hacia este fin, se propone que las concesiones para uso industrial tengan una vigencia de dos años, bajo un esquema de renovación automática y garantizada siempre que haya disponibilidad y pleno respeto por la normatividad.

La violación masiva e impune por parte de los concesionarios durante los 27 años de la Ley de Aguas Nacionales ha demostrado la necesidad de contar con un marco legal en el cual el acceso al agua sólo se permita a quienes respeten la normatividad y las condiciones particulares de su concesión-permiso, señaló.

Para la renovación de la concesión automática y garantizada sugirió permitirla sólo si el concesionario cumplió con sus obligaciones legales como la instalación de medidor, el pago de derechos, la entrega de información, el acceso público a puntos de extracción y descarga y el cumplimiento con la normatividad en cuanto a calidad del agua descargada.