on 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el inicio de un procedimiento de juicio político ( impeachment) contra el presidente Donald Trump. Esta medida da paso a la fase pública de las audiencias para determinar si el mandatario traicionó el juramento a su cargo al condicionar un paquete de ayuda militar a Ucrania a cambio de que la fiscalía de que este país investigara y acusara por corrupción a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden.

En el último siglo, únicamente el republicano Richard Nixon en 1974 y el demócrata Bill Clinton en 1998 se habían enfrentado a esta fase formal del proceso de destitución establecido en la Carta Magna estadunidense. A diferencia de estos dos precedentes, en que legisladores del partido del mandatario impugnado votaron en favor de avanzar las investigaciones, esta vez la totalidad de los diputados republicanos cerraron filas en torno al gobernante, e incluso dos demócratas votaron contra la moción que impulsa su liderazgo –una señal de que dentro del Partido Republicano existe la consigna de asumir todos los costos políticos derivados de sostener a un Ejecutivo que se encuentra en abierto desacato a las leyes y a la institucionalidad.

El cierre de filas republicano y el hecho de que esta formación controle el Senado, instancia que se erige en tribunal durante un procedimiento de impeachment, auguran que el magnate se mantendrá en el cargo por lo menos hasta el final de su periodo. Por ello, la atención del equipo de gobierno parece centrarse en evitar que las revelaciones acerca de los actos ilícitos del presidente y sus colaboradores descarrilen su propósito de relegirse en los comicios de noviembre del próximo año.

En este afán de desviar el escrutinio ciudadano de sus propios actos, el trumpismo ha emprendido una peligrosa escalada en su desmantelamiento de la institucionalidad y la instalación de un clima de censura contra toda voz crítica. Especialmente preocupantes resultan las expresiones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, quien tildó al inicio del juicio político de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadunidense. No son palabras que puedan tomarse a la ligera en la vida pública de esta nación: en particular la última ( un-american, en inglés), remite de manera directa al macartismo de la década de 1950, la oscura época de la historia estadunidense durante la cual bastaba con recibir la acusación de antiestadunidense para que la vida de un ciudadano se viera destruida; en ocasiones, de forma literal.

Tampoco puede perderse de vista el crudo cinismo de Trump al llamar al procedimiento legal en su contra la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos: caza de brujas es justamente el nombre que la historiografía ha dado a la histeria anticomunista, cuyo máximo representante fue el tristemente célebre senador republicano Joseph Raymond McCarthy, quien lanzaba acusaciones de antiestadunidense a los ciudadanos que disentían del modelo político y económico de la superpotencia y a su política exterior belicista y neocolonial. Si bien se antoja imposible obtener del actual inquilino de la Casa Blanca un atisbo de responsabilidad en el uso de las palabras, cabe esperar que la sociedad de este país sea consciente de la intolerancia, el autoritarismo y la fobia trasnochada que destilan sus expresiones.