Aunque 24 de las 35 universidades públicas estatales imparten educación media superior a más de 500 mil alumnos, lo que equivale a 10 por ciento de la matrícula nacional, este servicio educativo no cuenta con recursos asignados en el Convenio de Apoyo Financiero.

Además, el Presupuesto de Egresos de la Federación, que ha aprobado la Cámara de Diputados, no ha incluido ni prevé para 2020 la política de sueldos, es decir, el monto para el incremento salarial de los trabajadores universitarios, académicos y administrativos, lo cual contribuye a ejercer presión financiera que enfrentan las universidades públicas estatales.

Un análisis de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) destaca que las negociaciones con los sindicatos universitarios para otorgar el incremento salarial anual, se efectúan en la mayoría de los casos en el primer bimestre del año.

Es a partir de ese momento cuando las instituciones de educación superior inician el pago del incremento salarial a los trabajadores sin tener el respaldo financiero, y sólo con la esperanza de que estos recursos se otorguen en algún momento del año. Por lo general se entregan durante noviembre, lo que ocasiona una fuerte presión financiera y una gran incertidumbre, ya que nada asegura que estos recursos se conseguirán, anota la Anuies.

Para este 2019, los recursos aportados por la Federación para cubrir este aumento salarial otorgado a inicios de este año empezaron a distribuirse a las universidades apenas hace unas semanas, lo cual ha contribuido a aligerar las presiones presupuestales que ya tenían estas casas de estudio, algunas de ellas con la incapacidad de cubrir sus repectivas nóminas.

Presentado en el reciente encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior, el análisis de la Anuies advierte que los problemas estructurales se deben a múltiples factores externos e internos.

Sin embargo, concluye que aun en las épocas de expansión del gasto, el financiamiento público destinado a la educación superior, por parte del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, ha resultado insuficiente para consolidar a estas instituciones educativas.

En diversas gráficas, la Anuies presenta que durante el periodo 2000 a 2019 hubo un crecimiento de la matrícula pública de educación superior de 122.7 por ciento, mientras el crecimiento de la inversión federal para este nivel fue de 75.2 por ciento en términos reales, lo cual se tradujo en una importante reducción en el subsidio por alumno.

Muchas de las transformaciones requeridas en la educación superior sólo serán posibles si se cuenta con una política de financiamiento renovada, en la cual se reconozca el papel estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en el proceso de desarrollo nacional y en la competitividad internacional del país, advierte el documento de Anuies.