El desaparecido Consejo de Promoción Turística de México, Proméxico, y la Secretaría de Economía (SE) otorgaron contratos de servicios de personal a un solo grupo que participó en licitaciones públicas con distintas razones sociales y representantes legales comunes, lo que probablemente constituye una práctica monopólica y una asociación premeditada para ganar los concursos.

Los servicios se contrataron aun cuando las empresas –inhabilitadas por el actual gobierno– tenían créditos fiscales por no pagar impuestos y las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cometieron fraude fiscal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una revisión de gestión financiera practicada a dicho consejo.

También en el resultado detectó que ese organismo otorgó dos contratos a empresas para la promoción de la marca México en el extranjero por mil 230 millones de pesos, sin acatar las disposiciones en materia de publicidad oficial definidas entonces por la Secretaría de Gobernación.

La ASF encontró que durante 2018 el consejo decidió no llevar a licitación pública la contratación de servicios de personal en la modalidad de outsourcing y realizar un contrato de servicio especializado con terceros, una práctica que se realizó desde 2015.

Además, seleccionó a la misma compañía, Soluciones Corporativas Integrales (SCOI), que se presentó de manera conjunta con otras razones sociales como Negocios Universal TD2, que tenían a los mismos representantes legales, entre ellos a Octavio Rubén Peña Bressant.

En el informe entregado a la Cámara de Diputados, la ASF reportó que SCOI se presentó para ganar un primer contrato de 77.5 millones con Negocios Optimus Jumace y Ovalo CP, y otro por 70 millones con Negocios Universal TD2 y Sitah Soluciones Inteligentes con Talento Humano.

La primera adjudicación estuvo a cargo de Proméxico y la segunda por la Secretaría de Economía, a través del Instituto del Emprendedor. Los resultados descritos denotan posibles prácticas monopólicas, considerando que los porcentajes de comisión ofertados por las empresas ganadoras resultan significativamente menores que los de sus competidores, y toda vez que en los últimos años fue adjudicado al grupo integrado por las (mismas) empresas, reveló la ASF.

La auditoría también revisó las declaraciones anuales de las compañías y halló que SCOI, Sitah, Negocios Universal y Óvalo reportaron pérdidas hasta por mil 43 millones 325 mil 600 pesos entre 2015 y 2017, por lo cual se presume el uso de estrategias fiscales de pérdidas para cometer ilícitos con carácter fiscal.

Además, esas empresas hicieron tareas que ya efectuaba personal del propio consejo, y por lo tanto no se justificaban los contratos, se verificó que no pagaron las cuotas obrero patronales, aun cuando formaron parte del costo del servicio pagado.

Si bien las empresas entregaron justificantes por el pago mensual de las cuotas, al realizar el cotejo con el IMSS se encontraron diferencias, por lo que la información presentada no es veraz ni confiable.