En todas las estadísticas sobre incidencia delictiva, tanto del gobierno federal como de organizaciones civiles, Chihuahua aparece entre los 10 estados donde más ilícitos se cometen.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el ataque de sujetos armados contra vehículos en los que se trasladaban integrantes de la familia LeBarón, lo que provocó el incendio de un auto y la muerte de varias personas. En tanto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) en México, así como la Iglesia católica y la cristiana evangelista lamentaron la tragedia.

Frente a senadores, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, lamentó la tragedia sufrida por la familia LeBarón y dijo que ante esos hechos tan graves, analizarán la presencia de las fuerzas armadas en la región. Tanto en este órgano legislativo como en la Cámara de Diputados el caso desató un ambiente de confrontación entre las bancadas, que cruzaron acusaciones por la responsabilidad pasada y presente de la violencia que vive el país.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, reconoció en el Senado que no debió realizarse el operativo Culiacán, y con el propósito de evitar otras acciones fallidas, el gobierno federal está obligado a realizar una revisión crítica de los protocolos de actuación para garantizar que las fuerzas armadas jamás estén en riesgo de ser agredidas por grupos del crimen organizado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló los parámetros establecidos para la legítima defensa en tres entidades de la República, incluida una fracción del Código Penal de Veracruz que señala: Se presumirá la defensa legítima, salvo prueba en contrario, al causar un daño, lesión o incluso la privación de la vida, a quien, por cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende.

Inconformes con el Senado, los diputados devolvieron a esa cámara la reforma al artículo 28 de la Constitución que prohíbe al Ejecutivo federal realizar cualquier tipo de condonación fiscal.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presenta escasos avances para alcanzar el objetivo de combatir ese delito, así lo consideró la fiscal María de la Luz Mijangos, quien durante la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador de ese sistema, que se realizó ayer en la sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, criticó que no se cuente con los elementos suficientes para fortalecerlo.

Mediante una circular, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruye a todos sus funcionarios públicos, incluidos los subsecretarios y los titulares de sus organismos desconcentrados y las entidades descentralizadas, a no hacer declaración alguna, conceder entrevistas o incluso emitir algún comunicado, sin previa autorización de la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se presentaron ya dos denuncias contra el ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y se analiza solicitar información a seis países sobre las probables cuentas bancarias que tiene en el extranjero.

La ley Bonilla acumuló ya su séptima impugnación constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de esta norma por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a recientes críticas contra el máximo tribunal y afirmó que los ministros toman sus decisiones con plena libertad.

El gobierno de México ve con buenos ojos los acuerdos que se tomen en el seno de la Asamblea Nacional de Venezuela para designar al Comité de Postulaciones Electorales, declaró el subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes.