oda gran apuesta de cambio social necesita tras de sí una propuesta educativa de largo aliento. No pueden construirse instituciones y reglas de convivencia políticas alternativas al margen de cambios sustantivos en la enseñanza pública.

Durante casi todo el siglo XX y lo que va del XXI el sentido y orientación de la educación pública han estado en disputa. En este pulso, clases y actores sociales han expresado el país que quieren. Pero, a pesar de esta diversidad de posiciones, los grandes proyectos pedagógicos han tenido un eje central alrededor del cual se legisla y ordena la instrucción que imparte el Estado.

El artículo tercero de la Constitución de 1917 puso en el centro la educación laica, para limitar la enorme influencia de la Iglesia católica en la materia. Las Misiones Culturales de José Vasconcelos se propusieron incorporar a indígenas y campesinos a la nación, organizando una gran cruzada contra la ignorancia. Lo mismo sucedió con la educación socialista, de Lázaro Cárdenas; la escuela del amor, de Manuel Ávila Camacho; el plan de 11 años, de Jaime Torres Bodet; la descentralización educativa, de Jesús Reyes Heroles (consumada con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992), o la reforma de Enrique Peña Nieto para que el Estado recuperara la rectoría del Estado y la calidad de la educación.

¿Cuál es el centro de la reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T)? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma al tercero constitucional el eje era la educación para el bienestar. Aunque no la definía con claridad, esta idea-fuerza parecía estar en sincronía con otros objetivos del nuevo gobierno.

Sin embargo, conforme la reforma se fue negociando con grupos empresariales y académicos afines a ellos, la idea de educación para el bienestar se desvaneció. En su lugar quedó un texto que se asemeja a un alebrije legal, carente de un eje estructurador, incapaz de emprender una transformación profunda del sector. Es, en los hechos, un texto contradictorio, confuso y gatopardista, que conserva intactos, puntos sustanciales de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Supuestamente, la Nueva Escuela Mexicana es la propuesta educativa de la 4T. Tanto así que fue incorporada a la Ley General de Educación (LGE), en su título segundo. Sin embargo, en los hechos es inexistente. Es un cascarón sin contenido. Y ni siquiera su nombre es original. La nueva escuela fue una tendencia pedagógica nacida hace casi un siglo, que tuvo en el pedagogo y filósofo John Dewey uno de sus principales exponentes. El término fue utilizado también en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.

Las nuevas leyes secundarias sobre educación sufren de obesidad lingüística. Le sobran regulaciones. Están llenas de verborrea. Tan solo la LGE tiene más de 31 mil 500 palabras. De manera absurda, incorpora a una ley elementos que forman parte de un plan de estudios. Por ejemplo, establece en, su ar­tículo 30, párrafo 23, la enseñanza de la música. Qué bueno que se promueva la educación musical, pero, obviamente, eso no es materia de una legislación.

La nueva norma está atravesada por el emprendurismo empresarial. En esta dirección, el artículo 30, fracción 14, establece como contenido obligatorio la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera.

Tal como lo hizo la reforma educativa del Pacto por México, las nuevas leyes secundarias mantienen un régimen laboral de excepción para el magisterio, ajeno al apartado B del artículo 123 constitucional. De manera que el ingreso, la promoción y el reconocimiento del magisterio dependen de una ley especial derivada del artículo tercero. La reforma educativa de la 4T sigue siendo una reforma laboral.

Como si fuera un ejercicio de prestidigitación, en el que el mago desaparece un conejo en una chistera para hacerlo aparecer más tarde, así, las nuevas leyes secundarias eliminaron formalmente el concepto de calidad educativa para revivirlo bajo el nombre de excelencia. La cuestionada definición de calidad educativa en la reforma de Peña Nieto es casi igual al de excelencia de la 4T: mejoramiento constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El doctor Pablo Latapí señaló en su momento que hablar de excelencia en educación era una aberración. Pero, más allá de ese señalamiento, la definición que se da del término en las nuevas leyes secundarias es un galimatías. Implica, además –como ha señalado el doctor Lev M. Velázquez–, que los aprendizajes deben ser medibles y observables. De manera que, el fin de la educación termina siendo el cumplimiento de estándares, medibles con pruebas estandarizadas. La excelencia se convierte así (de trasmano), en el eje estructurador de todo el sistema educativo. O, dicho de otra forma, el sistema educativo se organiza para cumplir con las mediciones estandarizadas.

Es cierto que las nuevas leyes secundarias en materia educativa liman algunas de las espinas más filosas del erizo neoliberal (por ejemplo, desvinculan evaluación de permanencia en el empleo). Sin embargo, no acaban con el erizo neoliberal. Éste sigue tan vivo y campante como hace un sexenio.

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