A mediados de año el gobierno mexicano desplegó a la Guardia Nacional para frenar el flujo de migrantes que entraba por la frontera sur. Fue una forma de evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera válido su amago de imponer progresivamente aranceles a las exportaciones hacia ese país. Con esa decisión, argumentó el canciller Marcelo Ebrard, se evitó un daño a la economía nacional que, afirmó, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (BdeM) calculaban en el equivalente de elevar el impuesto al valor agregado (IVA) en 25 por ciento.

El estudio que Ebrard citó en varias ocasiones no fue encontrado por las dependencias que, según dijo, lo elaboraron, de acuerdo con información recabada por La Jornada a partir de varias solicitudes a las instancias involucradas.

La Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que haya elaborado reporte alguno para sustentar dicha decisión de política migratoria tomada por el gobierno, con el fin de contener una afectación a la economía.

En una comparecencia del 14 de junio ante la Comisión Permanente del Congreso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expuso, bajo protesta, que se consultó al Banco de México, a Hacienda, sobre las implicaciones del incremento de aranceles a mercancías mexicanas con destino a Estados Unidos, que iniciaría en 5 por ciento hasta avanzar a 25 por ciento, si México no reforzaba las tareas de contención de los flujos migratorios.

Una guerra comercial de alto costo para nuestro país, ¿qué tan costosa podría ser? Bueno, preguntamos al Banco de México, a Hacienda. Nos dijeron: bueno, una guerra comercial como ésta, ahora, probablemente significaría provocar a México una crisis o dificultad económica similar a momentos muy difíciles que se han vivido, expresó el funcionario.

En cifras nos enviaron un reporte, una proyección de hasta 10 por ciento de tasa impositiva, aseguró. Y continó: Se podrían perder más de un millón de empleos y el costo para todos nosotros sería como incrementar el IVA (impuesto al valor agregado) de 16 quizá hasta 25 por ciento para ponerlo en términos de vida cotidiana.

Dichas declaraciones se dieron en el contexto de la asistencia del secretario al Senado, quien junto con Graciela Márquez, titular de Economía, justificó frente a los legisladores el convenio al que se llegó el 7 de junio con el gobierno estadunidense para frenar las amenazas comerciales del principal socio comercial del país.

Con el propósito de revisar el documento –de supuesto contenido económico– se solicitó vía transparencia a las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como al BdeM, con el fragmento adjunto de la versión estenográfica de las palabras del funcionario en la Comisión Permanente. De no existir tal información, también se requirió aclarar ese punto.

De las oficinas de Ebrard se recibió respuesta en los siguientes términos: Después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en los archivos físicos u electrónicos de esta dependencia federal (...) no se encontró documentación alguna que dé respuesta a su solicitud, toda vez que el reporte en cuestión fue presentado de conocimiento al secretario de Relaciones Exteriores.

En dichos términos la dependencia sugirió redireccionar la información a Economía, aunque la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, dependiente de la SHCP, ya había comunicado, también a solicitud de este diario, que no tuvo intervención en la elaboración del reporte requerido. Dicha área tiene como objetivo analizar la actividad y condiciones económicas generales del país e identificar posibles riesgos o amenazas a la estabilidad macroeconómica y realizar estudios que permitan formular lineamientos de política.

El BdeM negó la información al recalcar su autonomía. Pese a que fue citado por el secretario, dijo que dentro de las facultades referidas y las que la Ley del Banco de México otorga a este banco central, no se encuentra alguna relacionada con el documento requerido. Zanjó reconociendo notoria incompetencia en el caso.

La política migratoria en la administración actual se ha orientado desde mediados de año a usar a la Guardia Nacional para contener a ciudadanos centroamericanos que salen de sus países, a causa de pobreza y violencia, con destino Estados Unidos.

De acuerdo con el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, Mark Morgan, en el año fiscal 2019 aumentó 88 por ciento la detención de migrantes en la frontera con México. Si bien la cifra es la más alta de los últimos 12 años, en los pasados cuatro meses, luego del acuerdo migratorio, ha habido una disminución constante.