El contexto de inseguridad y violencia en el país afecta de manera particular a la niñas, niños y adolescentes –como lo demuestra el caso del ataque contra la familia LeBarón–, debido en gran parte a que los avances normativos en materia de protección a la infancia no se han logrado llevar a la práctica, señaló un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema.

Ayer, durante la presentación del estudio, el primer visitador general del organismo, Ismael Eslava Pérez, advirtió que uno de los indicadores de la gravedad de esta situación en México es que en los pasados 10 años se triplicó el número de víctimas de homicidio menores de nueve años de edad, al pasar de mil 2 en 2007, a 2 mil 858 en 2017.

El estudio, coordinado por la investigadora universitaria Elisa Ortega, reveló que entre 2016 y 2017 el número de asesinatos de niños y niñas tuvo un incremento de 22.5 por ciento –el más alto de años recientes– y que de 2015 a 2018 los homicidios se concentraron particularmente en Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.

Por otro lado, Eslava indicó que uno de los derechos básicos de los niños más afectados por la violencia es el de la educación, como lo demuestra el hecho de que más de 4 millones de infantes están fuera del sistema escolar y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarlo.

Por lo que se refiere a las desapariciones, el informe de la CNDH recordó que, según datos oficiales, a abril de 2018 había 36 mil 265 personas cuyo paradero se desconoce, de las cuales 18 por ciento tienen entre uno y 17 años de edad.

Ayer la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llevó a cabo la tercera Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2019: ¿Alguien quiere pensar en la niñez?, en la cual diversos especialistas alertaron sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad en el país.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, hizo ver que la agresión en contra de varios miembros de la familia LeBarón –en la que seis niños y tres mujeres fueron asesinados– forma parte de un panorama de violencia que se ha intensificado, en particular desde el comienzo de la estrategia de guerra contra el crimen organizado, y en donde los infantes ya no mueren por accidente, sino que se han vuelto blancos específicos.

“En 2011 se veían casos de niños y niñas que morían en intercambio de disparos, pero después comenzamos a observar que eran ultimados junto con su familia porque querían atacar al padre o algo así. Más tarde vimos asesinatos de hijos de miembros de fuerzas de seguridad o de algún cártel, luego mutilaciones de cuerpos de infantes y en los últimos dos años vemos ataques directos, que muestran claramente un patrón en donde los grupos criminales buscan generar terror a otros grupos”, alertó el especialista.

La organización Child Fund presentó ayer los resultados del Mapeo de factores de riesgo y protección de niños, niñas y adolescentes en América Latina, en el cual se advirtió que los menores del país siguen enfrentado diversos peligros, entre ellos la violencia.