Un grupo de organizaciones internacionales manifestó su preocupación por la falta de compromiso que han mostrado las autoridades del país para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión que enfrenta México, así como para reconocer la gravedad del problema, al tiempo que advirtieron que el jefe del Ejecutivo ha adoptado una actitud irresponsable y peligrosa ante los comunicadores.

En conferencia de prensa, representantes de 17 colectivos que forman parte de la Coalición Internacional de Organizaciones Civiles sobre Seguridad de los Periodistas –entre los que figuran el Comité para la Protección de Periodistas y la Fundación para la Libertad de Prensa– advirtieron que este año México se ha convertido en el país más mortífero del mundo para quienes ejercen esta labor.

Lo anterior, porque más de 99 por ciento de los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas siguen sin resolverse y no existen garantías para que quienes se dedican a informarnos puedan hacer su labor sin temor a represalias, amenazas, violencias e intimidaciones.Insuficientes, 104 recomendaciones

El grupo lamentó que aunque el gobierno del país dijo que llevará a la práctica diversas acciones para proteger a los comunicadores, entre ellas aplicar las 104 recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas le hizo al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la misión internacional de observación estimó que dichos compromisos fueron insuficientes.

De manera especial, lamentaron que el fiscal general, Alejandro Gertz, declinara reunirse con los colectivos internacionales y que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no se comprometiera a reducir 2 por ciento anual la impunidad en crímenes contra periodistas ni a crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de comunicadores desaparecidos.

Asimismo, las organizaciones enfatizaron que preocupa el intento (del Presidente Andrés Manuel López Obrador) de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación, en lugar de abonar a un debate abierto y plural. Esta postura del Ejecutivo es irresponsable y peligrosa en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento.