Este jueves continúa en la ciudad de Querétaro la audiencia inicial y posible vinculación a proceso contra Sergio Hugo Bustamante Figueroa, principal testigo que acusó al abogado Juan Collado de delincuencia organizada y operaciones con fondos de procedencia ilícita, así como al gobernador panista de esa entidad, Francisco Domínguez Servién, de recibir a través de la empresa Caja Libertad, 100 millones de pesos para financiar su campaña electoral.

El empresario queretano de 70 años, quien permanece internado en el penal de San José El Alto, fue detenido el pasado viernes, a pesar de contar con una suspensión provisional vigente contra cualquier orden de aprehensión en su contra y actos privativos de la libertad que le otorgó el 8 de octubre el juzgado cuarto de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Querétaro, para lo cual pagó una garantía de 400 mil pesos, mientras resuelve si le otorga la suspensión definitiva.

El amparo indirecto fue promovido por Bustamante Figueroa en contra del juez del sistema de justicia penal acusatorio y oral, en funciones de juez de control de la unidad uno del distrito judicial de Querétaro y otros. La audiencia incidental estaba programada para este viernes pero fue diferida, la que sigue en pie es la constitucional que el juez federal fijó para el 21 de noviembre próximo.

Su captura se dio como medida de presión luego de que en julio de este año el gobernador reveló que demandó a Bustamante Figueroa por el presunto delito de daño moral, porque le imputó recibir recursos para su compaña proselitista en 2015 producto de operaciones simuladas e ilícitas, de acuerdo con documentos aportados por la Fiscalía General de la República FGR como parte de la causa penal 269/2019 en la que se vinculó a proceso a Collado Mocelo, quien se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio pasado.

Según las investigaciones del Ministerio Público, en ese entonces en la diligencia del abogado fueron mencionados los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, como los verdaderos propietarios de Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros), según el testimonio de Sergio Hugo Bustamante, denunciante de Collado Mocelo.