Por segunda ocasión consecutiva, no se registraron los candidatos requeridos a la convocatoria para ocupar la Defensoría de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pese a que en julio pasado el Colegio Académico aprobó diversas modificaciones para flexibilizar los requisitos para los aspirantes.

En diciembre próximo, el cargo cumplirá tres años en calidad de vacante, luego de que David Chacón Hernández, primer titular que tuviera dicha Defensoría presentara su renuncia en los últimos días de 2016 –13 meses después de haber sido nombrado–, por fuertes acusaciones de tener una actuación irregular en un caso de violencia de género en la universidad, en el que estaba involucrado el defensor adjunto Alejandro Santiago Monzalvo.

En un aviso a la comunidad, el rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, informó ayer que tampoco en este nuevo plazo se habían registrado los aspirantes requeridos por el reglamento, por lo que próximamente se emitirá una nueva convocatoria para el registro y eventual designación de la defensora o del defensor titular.

Cuatro años de gestión y sin opción a relegirse

Con la experiencia de otros procesos de elección fallidos, el Colegio Académico aprobó el 22 de julio pasado una serie de modificaciones para los aspirantes a este cargo, entre los cuales están la disminución en el número de candidatos –de cuatro a tres– en la lista que el rector general debe presentar a dicho Colegio para la designación, así como en la duración del periodo de gestión –de seis a cuatro años–, sin opción a relegirse.

Estas modificaciones al reglamento de la Defensoría de los derechos universitarios se dio, según se explicó en su momento, para generar confianza y alentar la participación del personal académico en este proceso, pues ya se habían presentado varios procesos fallidos para su elección, considerándose que ello se debía a los requisitos exigidos.

En su haber, la Defensoría sólo tiene dos recomendaciones ratificadas emitidas en el plazo de 13 meses –entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016–, tiempo en que funcionó con titular al frente, según se observa en su página web.

Entre sus facultades y competencias está recibir y atender las quejas y peticiones de la comunidad universitaria, por la afectación de los derechos universitarios; emitir las medidas precautorias necesarias para que cese su violación y atender a las víctimas, particularmente a las de violencia de género, con la finalidad de identificar las vías idóneas para la prevención, atención, sanción y erradicación de esta problemática, entre muchas otras.