n los próximos días, la Suprema Corte de Estados Unidos escuchará en Washington los argumentos orales de varios casos sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El máximo tribunal decidirá sobre el futuro de miles de jóvenes migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, que han residido y contribuido a la prosperidad de este país durante la mayor parte de sus vidas.

En medio del debate sobre migración, altamente politizado, existen tres hechos relevantes sobre los beneficiarios de DACA que deberían considerarse en cualquier decisión que se tome:

1. El primero es que los jóvenes del DACA no suponen una nueva ola de migración. El programa DACA se creó en 2012 como mecanismo para proteger a los jóvenes dreamers (personas que fueron traídas a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños) de ser deportados.

En promedio, los beneficiarios DACA llegaron a Estados Unidos a los siete años y han residido en este país durante 22 años. Desde su creación, DACA ha transformado profundamente la vida de más de 800 mil jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de innumerables maneras.

Entre los beneficios que DACA brindó a estos jóvenes se encuentran la posibilidad de obtener permisos para trabajar de manera legal, licencias de conducir y, antes de la rescisión del programa en 2017, la oportunidad de realizar viajes con previa autorización. DACA facilitó y abrió el camino hacia la educación superior, programas de capacitación laboral y trabajos mejor remunerados.

2. El segundo hecho es que el programa no sólo ha mejorado la vida de sus beneficiarios, sino que ha generado enormes ganancias para la sociedad estadunidense en general. DACA brindó a sus favorecidos la oportunidad de integrarse plenamente en el tejido social de este país y de contribuir a las comunidades que estos jóvenes consideran como propias.

Los dreamers participan en el mercado laboral, pagan impuestos, consumen bienes y servicios y muchos de ellos son docentes, enfermeras y empresarios. Según el Center for American Progress (CAP), los beneficiarios DACA pagan 5.7 mil millones de dólares en impuestos federales y 3.1 mil millones en gravámenes estatales cada año, y 97 por ciento de ellos están empleados o inscritos en programas de educación media superior o superior.

3. En tercera instancia, la rescisión del DACA no sólo tendría impacto devastador para sus jóvenes beneficiarios, sino que también tendría consecuencias negativas para los ciudadanos estadunidenses. De acuerdo con el CAP, la eliminación del programa DACA costaría a la economía estadunidense 60.3 mil millones de dólares durante la próxima década. Además, aproximadamente 685 mil trabajadores serían retirados de la economía formal con un costo para los empleadores de más de 3.4 mil millones.

A escala humana, una decisión negativa sobre el DACA aumentaría la incertidumbre y la angustia entre los jóvenes y sus padres, muchos de los cuales son ciudadanos estadunidenses. Aproximadamente 1.5 millones de personas viven con un beneficiario DACA, incluidos padres, hermanos, cónyuges e hijos. De rescindirse el DACA, alrededor de 328 mil familias podrían perder sus medios de subsistencia. Es importante señalar que más de un cuarto de millón de niños ciudadanos estadunidenses tienen al menos un padre que es beneficiario DACA. En el peor de los casos, la finalización del programa podría dar lugar a más casos de separación familiar, con todas las consecuencias negativas que esto conlleva.

Tomando en cuenta los hechos anteriores, es fácil entender el amplio apoyo que el programa tiene entre diversos sectores de la sociedad estadunidense. Muchas terceras partes interesadas en el litigio han presentado recursos legales amicus curiae (que literalmente se traduce como amigos de la corte) ante la Suprema Corte en apoyo a DACA.

Entre esos amigos de la corte hay cientos de compañías y asociaciones comerciales (incluidas firmas como Apple, Verizon, Airbnb, Facebook, Target, Ikea, Univision, Starbucks, Tesla y Western Union), instituciones privadas y públicas de educación superior (incluidos muchos colegios y universidades de prestigio), asociaciones de educación superior y organizaciones civiles que representan a diversos sectores de la sociedad (líderes de defensa de la niñez, profesionales médicos, expertos en derechos civiles, etcétera), entre muchos otros. En cada uno de los escritos legales, los amici destacan cómo los beneficiarios DACA han contribuido a la prosperidad de sus comunidades y han sido claves para el éxito de sus instituciones.

El gobierno mexicano también decidió presentar un recurso amicus curiae en apoyo al DACA. Si bien México reconoce el derecho soberano de Estados Unidos a decidir sobre sus políticas públicas, al ser el país de origen de 80 por ciento de los beneficiarios del programa, tiene interés legítimo en defender el derecho de sus ciudadanos a un estatus legal.

La terminación del programa obligaría a cientos de miles de mexicanos DACA a volver a las sombras y los haría sujetos de mayor vulnerabilidad. México también tiene el interés de resaltar la importancia de los jóvenes DACA para nuestras dos naciones, ya que representan los valores biculturales, bilingües y binacionales que comparten nuestros países.

Después del 12 de noviembre, la Suprema Corte tendrá que decidir sobre el destino del programa. El caso DACA debe interpretarse considerando un entendimiento más amplio de lo que es justo. El destino del programa y sus beneficiarios –y por tanto de quienes viven, trabajan y dependen de ellos– debe decidirse sopesando las enormes contribuciones de los jóvenes beneficiarios DACA a esta gran nación.

Mientras no se encuentre una solución permanente para los dreamers, DACA es lo más cercano que estos jóvenes tienen para continuar viviendo, trabajando, contribuyendo y prosperando en un país que han conocido y honrado desde su corta edad.

* Embajadora de México en Estados Unidos