El programa Quédate en México, mediante el cual las personas que piden refugio en Estados Unidos son enviados al sur del río Bravo a esperar el desarrollo de su trámite, ha implicado graves violaciones a los derechos humanos de los solicitantes, pues se les obliga a permanecer en un país donde su seguridad está en peligro, sin recibir, en la mayoría de casos, ninguna ayuda oficial, afirmaron integrantes de organizaciones civiles.

Señalaron que el gobierno mexicano ha comenzado a enviar, en autobuses de la frontera norte a Tapachula, Chiapas, a quienes ya iniciaron su petición de refugio, sin informar en forma clara sobre dicha acción y sin importar que en esa ciudad enfrenten más riesgo de ser detenidos y deportados.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, recordó que el referido programa –llamado formalmente Migrant Protection Protocols (MPP)– se inició el 20 de noviembre de 2018 con una carta firmada por la cancillería mexicana donde el gobierno del país acepta recibir a los solicitantes de refugio, lo cual se confirmó mediante un acuerdo oficial el 7 de junio de este año.

En espera, 55 mil personas

A la fecha, señaló la especialista, más de 55 mil personas han sido enviadas por Washington a territorio mexicano a esperar la respuesta a su solicitud, por periodos de 6 meses a dos años, sin tener representación legal y exponiéndose a delitos en las ciudades del norte del país, como extorsión, secuestro y violencia sexual, entre otros.

Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional México, subrayó por su parte que el MPP se trata de una de las políticas migratorias más inhumanas, pues deja a los peticionarios de refugio en una suerte de limbo legal, sujetos a audiencias que se tardan meses en llegar y en las que muy probablemente serán rechazados, como lo comprueba el hecho de que a sólo 3 de más de 55 mil personas se les ha concedido el carácter de refugiados.

En un acto por separado, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, denunció que las autoridades mexicanas se han negado a entregarle visas humanitarias a cerca de 3 mil migrantes originarios de diversos países de África y más de 4 mil 600 haitianos, quienes subsisten en condiciones de gran precariedad en Tapachula.

El activista –quien solicitó una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador– enfatizó que se trata de personas que han salido de su lugar de origen para escapar de la violencia y desean permanecer en México, ante la dificultad de ingresar a territorio de Estados Unidos, por lo que las autoridades del país deberían garantizarles su derecho a recibir protección y no ser devueltos a una nación donde corran peligro.

Por su parte, la organización Save the Children llamó a la derogación inmediata del MPP, por considerar que pone a las niñas, niños y sus familias en riesgo ante la violencia, limita su acceso a las protecciones legales y viola gravemente sus derechos.

El colectivo indicó que desde enero de 2019, Estados Unidos ha regresado a México a más de 13 mil niños y niñas, de los cuales 400 son bebés.