La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no declaró, sino decretó una alerta de violencia de género que reconoce la existencia de un problema fuerte en la Ciudad de México y la intención de atenderlo, en tanto concluye el proceso jurisdiccional en torno a la alerta, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández.

En la inauguración de la tercera delegación del organismo en la alcaldía de Xochimilco, señaló que con ello se envía un mensaje a los agentes del Ministerio Público y policías de que se va en serio para castigar a quienes ejerzan violencia contra las mujeres y violencia feminicida.

Además, se articularán diversas acciones para enfrentar este problema y se impulsarán iniciativas legislativas para crear un registro público de agresores sexuales con sentencia firme y un banco de ADN de uso forense para identificar a agresores o servidores públicos involucrados en delitos sexuales.

No se trata de un engaño, sino de algo muy novedoso, atípico, que no se había visto, porque ni la ley local ni federal le permitían declarar la alerta, aunque el decreto tiene alcances limitados y carece de recursos para acciones de seguimiento o diagnóstico; y no hubo participación de organizaciones, dijo.

Confió en que en enero un juez resuelva sobre el amparo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que interpuso la Secretaría de Gobernación, contra el recurso ganado por organizaciones sociales para la emisión de la alerta de género, así como de la solicitud a esa dependencia por grupos sociales para que se emita una alerta en nueve demarcaciones territoriales, donde las agresiones y muertes de mujeres han ido al alza, mismas que se acumularon en ese amparo, y van en un proceso paralelo al decreto emitido este jueves.

Dicha iniciativa es un primer paso que reconoce públicamente que se necesita un mecanismo de ese tipo, pero falta la resolución del proceso jurisdiccional, porque no es la alerta de género que los colectivos estaban esperando, porque está en procedimiento y no sabemos qué va a resultar, afirmó.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir llamaron al gobierno a impulsar un plan estratégico de prevención, atención y sanción de los delitos sexuales, desapariciones y feminicidios, que suman 17 este año, con un presupuesto desglosado