Emprende cinco acciones para protegerlas
El tema, entre más se esconda, menos se va a resolver, afirma
Los delitos cometidos contra mujeres se incrementaron este año, al pasar de 4 mil 798 carpetas de investigación iniciadas en 2018 a 5 mil 724, cifra 19.3 por ciento superior, de las cuales sólo 13 de cada 100 se judicializaron, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
Nashieli Ramírez, titular de la CDH local
Es un primer paso, pero falta la resolución jurisdiccional, señala
La decisión tomada por el gobierno capitalino de decretar la alerta de violencia contra las mujeres fue reconocida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual consideró que éste debe ser un tema prioritario en todos los gobiernos.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, pues muchas han visto trastocada su vida por la violencia del crimen organizado, otras han emprendido la búsqueda de sus seres queridos o atraviesan procesos judiciales en busca de justicia o la reparación del daño, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.
Entregan iniciativa al congreso
El hecho de que la Oficialía Mayor haya adjudicado un contrato de insumos de cafetería a una empresa cuyo domicilio es de un particular en el estado de México, habla de un menosprecio a las compañías locales, y es un indicio de posibles irregularidades en las adquisiciones que realiza el Congreso capitalino, opinaron diputados por separado.
El Gobierno de la Ciudad de México aplica ya el programa de atención a población vulnerable por la temporada de invierno, mediante el cual se reparten hasta 5 mil cenas calientes a personas que viven en las zonas altas de la capital, así como en situación de calle.
Avalan proyecto pueblos y barrios
Con el propósito de reducir el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito que ocurren con mayor frecuencia en las madrugadas, la administración capitalina anunció una estrategia de seguridad que considera el retiro de la licencia de manejo y trabajo comunitario a quien no pase la prueba de alcoholemia, además de su remisión al Centro de Sanciones Administrativas conocido como El Torito.