Toluca, Méx., La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) constató violaciones a las garantías individuales por parte de diversas autoridades mexiquenses en el caso del feminicidio de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 23 años de edad, desaparecida el 24 de octubre y localizada muerta una semana después en el domicilio de Óscar García Guzmán, quien en los últimos meses la hostigó y acosó.

Los padres de Jessica denunciaron que estuvieron cuatro días frente al domicilio del presunto feminicida, donde hallaron el cuerpo de Jessica, pues tenían la certeza de que García Guzmán –por quien autoridades del estado hoy ofrecen una recompensa de 300 mil pesos a quien aporte datos para su captura– la retenía.

La familia de la joven solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) ingresar a la vivienda del presunto feminicida, ubicada en la colonia Villas Santín, en Toluca, pero se negó y debieron esperar hasta que les dieron una orden de cateo.

La inspección se realizó el primero de noviembre y personal de la fiscalía encontró los cuerpos de tres mujeres, entre ellos el de Jessica, residente del municipio de San Mateo Atenco. El padre de la joven señaló que de haber actuado cuando lo solicitaron, hoy su hija estaría con vida.

El fiscal general, Alejandro Gómez Sánchez, admitió que Jessica habría sido rescatada con vida si se hubiera ingresado antes a la vivienda de García Guzmán, aunque dijo que no lo hicieron antes porque no contaban con orden de cateo, y el juez del Poder Judicial la concedió en la segunda petición. La primera la negó por considerar que no había elementos suficientes para presumir la responsabilidad de García.

Gómez Sánchez manifestó que no se trata de un asunto de negligencia, como señala la familia de la víctima sino de modernizar los procedimientos legales para hacer más eficiente el actuar de la Fgjem.

Aparentemente ella se encontraba de manera voluntaria en ese domicilio; por eso la autoridad judicial determinó que no había un dato de emergencia como para acceder sin orden de cateo, explicó el fiscal.

Para el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, no se trata de reformar la ley, se trata de sentido común. Había flagrancia y (las autoridades) pudieron haber entrado, expresó.

Además, se violaron los 16 principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas establecidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.

Destacó que el organismo ya inició cinco quejas en contra de la Fgjem, el ayuntamiento de Toluca y el Poder Judicial estatal. Se tienen que deslindar responsabilidades por probables violaciones a los derechos humanos, constatadas en las actuaciones de la Codhem.

–¿Hubo omisión de la autoridad?

–Más allá de las consecuencias legales de omisiones o acciones negligentes, ha muerto un ser humano cuya vida pudo ser salvada. Es cuestión de voluntad, sensibilidad y profesionalismo”.