En lo que va del actual gobierno, se han abierto al menos 50 investigaciones en contra de altos funcionarios por el delito de robo de combustibles, de las cuales seis ya arrojaron elementos suficientes para presentar denuncias penales, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

En conferencia de prensa, donde hizo un recuento de las principales acciones en materia de combate a la corrupción, la funcionaria indicó que de los seis casos que ya dieron pie a las mencionadas denuncias, dos son contra ex directores generales, y los restantes, directores adjuntos y otros puestos de mando.

Sandoval detalló que ha habido observaciones que implican 17 mil 319 millones de pesos en presuntos manejos irregulares de fondos en obra pública, de los cuales 16 mil millones tienen que ver con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que iba a ser construido en Texcoco y fue cancelado a inicios de este gobierno.

Los involucrados en dichos señalamientos, aclaró, son funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Dicho monto formó parte de un total de 46 mil 121 millones por observaciones dirigidas a estados y municipios en 2019, equivalentes a 50 veces el presupuesto de la SFP, lo cual demuestra que este organismo no significa un gasto, sino una inversión para recuperar fondos públicos.

Respecto al presupuesto de la SFP para 2020, Sandoval indicó que tendrá un aumento de 56 por ciento, al pasar de los 900 millones de pesos a casi mil 500 millones. Dicha alza, dijo, se destinará sobre todo a labores de auditoría y fiscalización.

Confirmó además que el ex dirigente sindical petrolero Carlos Romero Deschamps está siendo investigado, aunque no ofreció avances del proceso. También indicó que están progresando las indagatorias en contra de los superdelegados del gobierno federal acusados de irregularidades y del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Al detallar los resultados de la política de austeridad republicana, Sandoval comentó que el gasto en programas de bienestar social aumentó 187 mil millones de pesos, producto de los ahorros.

Destacó que se han impuesto 2 mil 996 sanciones a servidores públicos y a 187 empresas, por un monto de mil 144 millones de pesos.