La congregación de los Legionarios de Cristo concluyó que el sacerdote Fernando Martínez Suárez abusó de, al menos, ocho menores a inicios de la década de 1990, por lo que resolvió que no podrá tener ningún ministerio sacerdotal público y cooperará con las instancias civiles y eclesiales para el caso.

El grupo religioso inició una investigación en mayo de 2019 a través de la agencia internacional Praesidium Inc, luego que la cantante y conductora Analú Salazar publicó en la página de Facebook Legioleaks una denuncia pública en la que relató que el sacerdote habría abusado de ella entre 1991 y 1992 cuando tenía ocho años y estaba en el Instituto Cumbres, en Cancún.

El resultado de la pesquisa confirmó que el P. Martínez Suárez cometió abusos sexuales contra al menos ocho menores de edad entre 1990 y 1993. El religioso tiene 79 años dedicado a la oración y vive en una casa de retiro para religiosos en Roma.

En el reporte de 10 páginas se da a conocer que el fundador de la Legión de Cristo, el padre Marcial Maciel –quien hace más de una década fue encontrado culpable por abusos sexuales y sicológicos– conoció desde 1969 de denuncias en contra del padre Martínez por abusos contra alumnos del Instituto Cumbres; sin embargo, sólo decidía transferirlo de ciudad o a otra sede de la misma institución educativa.

La investigación examinó la actuación de los superiores de la Congregación que en los distintos periodos trataron este caso y pudo constatar la responsabilidad personal del P. Marcial Maciel, quien fue superior general hasta 2005. En primer lugar porque, como hoy consta, el P. Maciel abusó del P. Fernando Martínez en Ontaneda y en Roma en verano y otoño de 1954, cuando tenía 15 años. Más adelante, aunque sabía que el P. Martínez a su vez había abusado, el P. Maciel decidió trasladarlo de un lugar a otro y, desoyendo las reservas del superior territorial y la petición del sacerdote, lo nombró director del colegio de Cancún, se lee en el texto.

Ante estos hallazgos, la Congregación se dijo avergonzada, condenó y deploró los abusos cometidos por Martínez, así como la inaplicación de medidas adecuadas y suficientes. En este contexto puso de manifiesto un decálogo de deficiencias en el manejo de este caso a lo largo de las pasadas décadas.

Destaca que fue un error grave asignar, en este caso, a un sacerdote que había cometido abusos a un puesto de trabajo pastoral con niños y jóvenes en otro lugar. En aquel entonces hubo ausencia de procedimientos adecuados para la respuesta a denuncias y la atención a las víctimas y sus familiares.

Se ignoró el fenómeno de abusos de menores, en particular, en relación con las consecuencias graves y duraderas para las víctimas y los mecanismos sicológicos de una persona que comete abusos.

Asimismo, la congregación reconoció la existencia de una cultura defensiva que priorizaba la imagen y fama de la institución por encima de las personas, y al sacerdote abusador por encima de la víctima, y que imperaba la mentalidad de evitar juicios civiles y canónicos en vez de investigar a fondo y presentar denuncias a las instancias competentes.

También falló que las normas y prácticas de la Congregación se reservaban sólo al P. Maciel como superior general de las decisiones importantes sobre los sacerdotes. Así se minimizaba la capacidad de actuación de los superiores a nivel territorial o local, además de que no recibieron la información relevante para el ejercicio responsable de su oficio.

Frente a los resultados de la investigación, la Congregación se comprometió a buscar la reconciliación con las víctimas de este caso; colaborar con las instancias civiles y eclesiales; que Martínez no tenga ningún ministerio sacerdotal público; una formación adicional para que los superiores sepan atender a víctimas y denunciantes de abusos.