La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) arrastra obra pública por 400 mil 804 millones de pesos. La cifra –amalgamada entre lo inconcluso en años anteriores y 18 proyectos para los que se etiquetó presupuesto para 2020– representa 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), una tercera parte de lo que plantean organizaciones internacionales como necesario para el ramo anualmente.

Con la presentación del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) en puerta, Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, advirtió que al menos desde la dependencia (excluida de la ejecución de los grandes proyectos del sexenio actual), con los recursos, se podrá terminar obra útil que fue heredada de administraciones pasadas.

Con dicho propósito tendrá 29 mil 959 millones de pesos en 2020, equivalentes a 0.1 por ciento del PIB y menos de un cuarto de los 126 mil 983 millones en dinero público que hasta ahora requiere la SCT para terminar obras rezagadas.

Pero el PNI –como documento base, en el que el gobierno acota qué hará en materia de infraestructura durante el sexenio–, además de lo que corresponde a la SCT, agrupa proyectos sobre energía, hidráulicos, salud, desarrollo urbano, vivienda y turismo con las dependencias responsables de cada rubro. Ya se ha advertido que al menos dos de las obras centrales (Tren Maya y Corredor Interocéanico) estarán recargadas en asociaciones con la iniciativa privada.

En la última década el nivel de inversión pública presupuestaria en México se ha mantenido bajo, dados los principios que rigen la política económica seguida hasta 2018.

En los pasados dos años se acentuó, al ser utilizado ese dinero como estrategia de contención del gasto público, seguida para restablecer el equilibrio presupuestario, expone un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados de mayo anterior.

Mientras en 2010 lo realizado por privados representaba 73.4 por ciento de la inversión fija bruta, en 2018 ascendió a 86.3; en consecuencia, la pública restó de 26.6 a 13.7.

El dinero no fue para empujar el crecimiento

Los efectos fueron, de acuerdo con el CEFP, que la inversión privada, bajo sus criterios de decisión, fue direccionada a los proyectos más rentables y no a lo que se requería para impulsar el crecimiento del producto a largo plazo.

Mientras tanto, de 2010 a 2019 la inversión física creció un promedio anual de 0.2 por ciento. Únicamente en el rubro que corresponde a obra pública, los recursos han disminuido un promedio anual de 2.8 por ciento real. De hecho, entre 2017 y 2019 no alcanzarán el promedio de los siete años previos.

El CEFP advierte que la estrategia de asignar a la inversión privada el papel de motor del crecimiento de la economía parece no haber tenido los resultados esperados ni alcanzar las metas adecuadas en materia de empleo y crecimiento del ingreso.

En dicho tenor sostiene que es con inversión pública como se puede recuperar la formación bruta de capital fijo, rubro que al menos en el presupuesto 2020 lleva un recorte de 5.4 por ciento, al tiempo que se anticipa la participación, por miles, en proyectos desde la iniciativa privada y un superávit primario –asociado con la prudencia fiscal– de uno por ciento.