urante su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno accedió a la solicitud de ejercer como mediador en el conflicto que enfrenta a los consorcios Televisa y Grupo Alemán. De acuerdo con el mandatario, las gestiones que lleve a cabo su administración buscarán que el diferendo se resuelva por la vía de la conciliación y que se evite llegar a tribunales, bajo la premisa de que ambas empresas se mantengan como fuentes de empleo.
Cabe recordar que las compañías fundadas por las familias Azcárraga y Alemán, respectivamente, se encuentran enfrentadas a raíz de la fallida compra de un paquete de acciones de la cadena Radiópolis. En julio de este año, Corporativo Coral, propiedad de Miguel Alemán Magnani, anunció que adquiriría 50 por ciento de Radiópolis, que está en poder de Televisa, por mil 248 millones de pesos, más un dividendo de 200 millones, pero debido a una supuesta falta de financiamiento incumplió tanto con el pago inicial como con dos plazos para cerrar la compra definitiva. Televisa argumenta que dicha situación la obligó a presentar varias demandas, tanto para el cumplimiento de los contratos firmados como para el pago de las sanciones procedentes.
En este contexto, el ofrecimiento del titular del Ejecutivo federal para mediar en el diferendo es una decisión saludable que puede contribuir a destrabar un conflicto interempresarial en el que de entrada se entiende que ninguna parte habrá de erigirse en ganadora absoluta y que incluso podría desembocar en un escenario de graves pérdidas para alguna de ellas o para ambas.
Además de su eventual aporte a la resolución del desacuerdo entre particulares, parece positivo que el jefe de Estado retome su función como árbitro en los grandes conflictos nacionales, como sin duda lo es el presente por las dimensiones de los actores involucrados y su peso en el conjunto de la economía nacional.
Por último, no está de más recalcar que esta función de arbitraje se ejerce a petición de los interesados y que, por tanto, no sólo no vulnera la libertad de la iniciativa privada para conducir sus asuntos en sus propios términos, sino que incluso supone una muestra de confianza de importantes integrantes de la comunidad empresarial en la imparcialidad y la buena voluntad presidencial.
Cabe desear, finalmente, que las diferencias entre Televisa y el consorcio dueño de la aerolínea Interjet se resuelvan en los mejores términos posibles y que el papel del Ejecutivo siente un precedente de las bondades del diálogo en éste como en otros ámbitos.
